viernes, 12 de marzo de 2010

CIRCULAR 3/2009 SOBRE PROTECCIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS Y TESTIGOS


CIRCULAR 3/2009
SOBRE PROTECCIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS Y TESTIGOS

1.- Introducción. 1.-1 Ideas generales. 1.-2 Principios de la reforma 8/2006. 2.- Declaración del
menor en la fase de instrucción: análisis de la reforma 8/2006, de 4 de diciembre. Presencia
obligatoria del Fiscal. 3.- Supuestos en los que cabe evitar la presencia del menor en el acto del
juicio oral. 3.-1 Preconstitución probatoria. 3.-1.1 Presupuesto habilitante. 3.-1.2 Requisitos
necesarios con carácter general. 3.-1.3 Especialidades en la preconstitución de la testifical de un
menor de edad. 3.-1.4 Requisitos formales. 3.-2 Posibilidad de utilizar testimonios de referencia
como prueba de cargo. 4.- El sobreseimiento de las actuaciones por falta de prueba en causas
por delitos contra la libertad sexual. 5.- Declaración del menor víctima en el juicio oral: análisis
de las garantías aplicables. 6.- Pautas en relación con careos. 7.- Otros mecanismos protectores
del testigo menor. 8.- Pautas generales sobre interrogatorios a menores. 9.- Valoración de la
declaración del testigo menor. 10.- Indemnizaciones a menores víctimas. 11.- La audiencia de
los menores en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio. 12.- Conclusiones.

1.- INTRODUCCIÓN
1.1. Ideas generales
El debate sobre las razones del ejercicio del “ius puniendi” enfrenta al
Estado sancionador con la persona acusada de un delito. La enorme
desigualdad entre las partes así opuestas y la debilidad que se atribuye al
ciudadano frente al Estado, suscitó la necesidad de regular su confrontación en
condiciones de justicia y equidad. De ello procede el desarrollo dogmático y
constitucional de la idea de “juicio justo” en el que aparece el sistema de
garantías del acusado en función de su efectiva y real posibilidad de defensa
frente a la acusación. Tales garantías configuran el presupuesto básico del
derecho a un juicio justo y resultan inderogables en el marco del Estado de
Derecho.
El derecho de todo acusado a un juicio público con todas las garantías
(art. 24.2 CE) encuentra en los derechos de defensa y contradicción una de sus
principales manifestaciones. El art. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos y
Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH)
enumera los derechos que, como mínimo, tiene todo acusado, y entre ellos, en
la letra d), el derecho “a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren
contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren
en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su
contra”. Ello supone el derecho a un juicio contradictorio en el que el acusado
pueda defenderse de la acusación, planteando pruebas de descargo y
combatiendo las pruebas incriminatorias, junto a la posibilidad de participar en
las diligencias y trámites del proceso, para así poder ejercitar su derecho a ser
oído y a alegar, en su interés, lo que a su Derecho convenga.
Son varias las resoluciones en las que el TEDH, tras ponderar todas las
circunstancias del caso, y en particular la trascendencia de las restricciones al
ejercicio de este derecho, determina la vulneración del Convenio cuando aprecia
una efectiva violación de las oportunidades defensivas del interesado, ya sea
por no dársele la posibilidad de estar presente en un juicio o en su recurso,
obstaculizarse el acceso al sumario, negarle información relevante o
menoscabarle de modo indudable sus posibilidades de producir prueba de
descargo o de defenderse debidamente de la prueba incriminatoria. (STEDH de
19 de diciembre de 1990, caso “Delta”; 22 de abril de 1992, caso “Vidal”; 11 de
enero de 2000 y 27 de febrero de 2001 caso “Lucha”).

Para nuestro Tribunal Constitucional el derecho de defensa se garantiza
mediante un procedimiento contradictorio (STC nº 128/1996 de 9 de julio), y de
ello deriva que el principio de contradicción, o más exactamente, la posibilidad de
contradicción, se convierta en regla esencial del desarrollo de todo proceso (SSTC
nº 93/2005 de 18 de abril y 12/2006 de 16 de enero).
La STC nº 154/2000 ha afirmado que “el derecho fundamental recogido
en el art. 24.1 CE comporta la exigencia de que en todo proceso judicial deba
respetarse, a través de la contradicción, el derecho de defensa de las partes
contendientes. Tal derecho fundamental alcanza su máxima intensidad en el
ámbito penal por la trascendencia de los intereses en juego. El principio de
contradicción, en cualquiera de las instancias procesales, constituye, en efecto,
una exigencia ineludible, vinculada al derecho a un proceso con todas las
garantías, para cuya observancia adquiere singular importancia el deber de los
órganos judiciales de posibilitar la actuación de las partes a través de los actos
de comunicación establecidos en la Ley, correspondiendo a los órganos
judiciales procurar que en el proceso se dé la necesaria contradicción entre las
partes, así como que posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en
definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo
componen”.
A modo de síntesis, la STC nº 12/2006, de 16 de enero recapitula: “la
posibilidad de contradicción es, por tanto, una de las ‘reglas esenciales del
desarrollo del proceso’ (SSTC nº 41/1997, 218/1997, de 4 de diciembre, 138/1999,
de 22 de julio, y 91/2000), sin cuya concurrencia, debemos reiterar, la idea de
juicio justo es una simple quimera. Se trata de un derecho formal (STC nº
144/1997, de 15 de septiembre) cuyo reconocimiento no depende de la calidad de
la defensa que se hubiera llegado a ejercer (STC nº 26/1999, de 8 de marzo), de
manera que puede afirmarse que ningún pronunciamiento fáctico o jurídico puede
hacerse en el proceso penal si no ha venido precedido de la posibilidad de
contradicción sobre su contenido, pues, como hemos señalado en anteriores
ocasiones: ‘el derecho a ser oído en juicio en defensa de los propios derechos e
intereses es garantía demasiado esencial del Estado de Derecho como para
matizarlo o ponerle adjetivos’ (SSTC nº 144/1997, de 15 de septiembre y 93/2005,
de 18 de abril, FJ 3).
Esta misma interpretación realiza también la Sala Segunda del Tribunal
Supremo al exigir para la operatividad de las pruebas que han de practicarse en
el acto del juicio oral, su sujeción a los principios de publicidad, oralidad,
inmediación y contradicción y defensa (por todas, STS nº 202/1998 de 13 de
febrero). De este modo integra una garantía esencial del derecho de defensa “el
que las pruebas se practiquen en el juicio oral, público y contradictorio” (STS nº
555/2008 de 25 de septiembre), pues la publicidad de los debates y el derecho a
la prueba son manifestaciones concretas de entre las que conforman el derecho
a un juicio justo Es precisamente en este ámbito en el que “la indefensión
consiste en la obturación o aminoración de las oportunidades procesales de
alegar y probar” las propias pretensiones y rebatir las contrarias (SSTS
1367/2004 de 29 de noviembre, 175/2006 de 20 de febrero, 363/2006 de 28 de
marzo, 197/2007 de 5 de marzo…,).
En este contexto insoslayable surge sin embargo la necesidad de tomar
en consideración los derechos y necesidades de los menores que son víctimas
de delitos o actúan como testigos en los procesos penales, reuniendo
frecuentemente ambas condiciones. La psicología ha puesto de manifiesto que
la intervención de un niño en un juicio es vivida generalmente como una
experiencia estresante potencialmente provocadora de efectos a largo plazo.
Los menores pueden padecer una gran ansiedad antes, durante e incluso
después de la celebración del acto procesal en el que se ha interesado su
declaración. Por otro lado, la confrontación ante adultos inculpados o implicados
y las preguntas agresivas de las partes, son las situaciones que más secuelas
traumáticas pueden dejar en niños que comparecen ante un Tribunal.
Esta particular vulnerabilidad de los niños víctimas y testigos reclama
especial protección, así como asistencia y apoyo apropiados a su edad y nivel
de madurez, a fin de evitar los traumas o minimizar el impacto que puede
ocasionar su participación en un proceso.
Con aplicación a todo tipo de procedimientos judiciales, la Ley Orgánica
1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante LOPJM)
señala en su art. 9.1 que las comparecencias judiciales del menor se realizarán
de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de
preservar su intimidad.
Pero es particularmente en los procesos penales, donde las graves
consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que su intervención puede
suponer a los menores -sobre todo cuando se trata de crímenes sexualesexigen
una ponderación cuidadosa a la hora de determinar el alcance de dicha
participación, a fin de garantizar, junto con los inalienables derechos del
acusado, el interés general en la persecución de los delitos y las necesidades de
los menores afectados.
Partiendo del máximo respeto al derecho de defensa del acusado sobre
el que se apoya nuestro proceso penal, deben ponderarse las necesidades y los
derechos del testigo menor de edad, evitando en cada caso la producción de
perjuicios que excedan de lo estrictamente indispensable.
La STS nº 429/2002, de 8 de marzo sintetiza perfectamente la índole de
los intereses en conflicto cuando se refiere al difícil equilibrio que los tribunales
deben procurar entre la plena efectividad de los derechos fundamentales del
acusado en el proceso penal, la protección de los menores víctimas y testigos y
el interés público en que no queden impunes determinados hechos
especialmente reprobables.
Los derechos del acusado son, como se ha dicho, el eje vertebrador del
proceso penal y sin merma de los mismos, han sido ya recibidos en nuestro
ordenamiento jurídico los principios de protección del menor víctima, de modo
que sea compatible su testimonio directo con la salvaguarda de su privacidad y
la disminución, dentro de lo posible, de los efectos negativos, en cuanto a la revictimación
o victimización secundaria que todo proceso lleva consigo (SSTS nº
673/2007, de 19 de julio, nº 332/2006 de 14 de marzo).
El objeto de la presente Circular abarca tanto el tratamiento de los
menores víctimas como de los que son exclusivamente testigos, porque la
víctima es considerada testigo por la jurisprudencia (SSTS nº 332/2006, de 14
de marzo y 1556/2003, de 17 de noviembre). Como subraya el Tribunal
Supremo "nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el
procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado,
so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad" (SSTS nº
597/2008, de 1 de octubre, 409/2004, de 24 de marzo, 104/2002 de 29 de enero
y 2035/02 de 4 de diciembre). Por ello es doctrina reiterada la que tiene
declarada la aptitud de la sola declaración de la víctima para provocar el
decaimiento de la presunción de inocencia (SSTS nº 317/2008, 470/2003,
104/2002, 862/2000, 434/1999, 486/1999), aunque reconociendo que los
supuestos en que sea aquélla la única prueba de cargo plantean una situación
límite de riesgo para el derecho fundamental que se intensifica cuando la propia
víctima es la que inició el proceso con su denuncia y llega a su máximo extremo
cuando el testimonio de la víctima es la única prueba no sólo de la autoría del
acusado sino del propio hecho delictivo, siendo en tales supuestos preciso
depurar el proceso de valoración con la aplicación de las reglas de experiencia o
indicadores jurisprudenciales sobre "verosimilitud o ausencia de incredibilidad
objetiva", "ausencia de incredibilidad subjetiva" y "persistencia en la
incriminación" (vid. ad exemplum SSTS nº 487/2000, de 20 de marzo, 667/2006,
de 20 de junio, 1295/2006 de 13 de diciembre, 278/2007, de 10 de abril, 303/2007
de 10 de abril….).
Sentado lo anterior y como reseña la STS nº 1016/2003, de 2 de julio, en
casos de testigos particularmente vulnerables, “debemos partir de un principio
que afortunadamente cada vez va adquiriendo mayor relieve en el ámbito del
proceso penal: la necesidad de proteger a las víctimas, máxime cuando éstas
son menores de edad y ofendidas en unos delitos que, por su contenido sexual,
pueden tener una incidencia negativa en el desarrollo posterior de su
personalidad. Si es difícil que estos menores puedan olvidar lo ocurrido, al
menos habrá que procurar no colaborar en que vuelvan a recordarlo”
Desde diversas instancias internacionales se ha promovido este
tratamiento singularizado y tuitivo. Así, en la Recomendación (85) 4, adoptada
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 26 de marzo de 1985,
sobre la violencia dentro de la familia, se interesa de los Estados miembros “que
prevean las medidas necesarias para que la declaración de los miembros de la
familia en los casos de violencia dentro de ésta se realice sin ninguna presión
exterior. Sobre todo los menores deberían tener un asesoramiento adecuado”.
La Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el
marco del derecho penal y del proceso penal, en su apartado 8º declara que “en
todas las fases del procedimiento, el interrogatorio de la víctima debería hacerse
con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad. En la
medida de lo posible y en los casos apropiados, los niños y los enfermos o
minusválidos mentales deberían ser interrogados en presencia de sus padres o
del tutor o de cualquier persona cualificada para asistirles”.
La Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las
víctimas y la prevención de la victimización, menciona la necesidad de “crear,
desarrollar o apoyar los servicios dirigidos a categorías específicas de víctimas,
como los niños”.
La Acción Común 97/154/JAI, de 24 de febrero de 1997, adoptada por el
Consejo de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos y la explotación sexual de los niños parte de la necesidad de tener en
cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas de este tipo de delincuencia y,
sobre todo, la que sufren los niños.
El art. 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 dispone
que los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas
las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las
prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán: a)
Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos
de forma que se reconozcan sus necesidades especiales; b) Informar a los
niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de
las actuaciones; c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones,
necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que
se vean afectados sus intereses personales; d) Prestar la debida asistencia
durante todo el proceso a los niños víctimas; e) Proteger debidamente la
intimidad e identidad de los niños víctimas; f) Velar por la seguridad de los niños
víctimas frente a intimidaciones y represalias; g) Evitar las demoras innecesarias
en las causas y en la ejecución de las resoluciones por las que se conceda
reparación a los niños víctimas.
Los arts. 2 y 8.4 de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de la
Unión Europea de 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la víctima en el
proceso penal obligan a cada Estado miembro a esforzarse, en particular, por
que las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido respeto a
su dignidad personal, a velar por que se brinde a las víctimas especialmente
vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera posible a su
situación y a garantizar, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y sobre
todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en
audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en
condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado
compatible con los principios fundamentales de su Derecho.
El punto nº 14 de las “Pautas sobre Justicia en causas relativas a niños
víctimas y testigos de delitos”, aprobadas por la Resolución 2005/20 del
ECOSOC (Naciones Unidas) exige que la intervención de los menores en estos
procedimientos se realice en un ambiente adecuado, que se acomode a las
especiales necesidades del niño, conforme a sus habilidades, edad, madurez
intelectual y capacidad, debiendo desarrollarse en un lenguaje que el niño utilice
y comprenda. El punto nº 23 postula que deben hacerse todos los esfuerzos
para evitar que el menor sea sometido a excesivas intervenciones.
El Decimoséptimo Congreso Mundial de la Asociación Internacional de
Jueces y Magistrados para la Juventud y la Familia (Belfast, 2006) aprobó como
conclusión nº 14 la de que los niños testigos deberían recibir apoyo durante todo
el proceso judicial para garantizar que se sientan protegidos, sean oídos en el
Tribunal y sean capaces de dar testimonio de manera eficaz. Tal apoyo debería
llevarlo a cabo una agencia independiente para garantizar que: a) Los niños

están bien informados durante todo el proceso; b) Los niños son asistidos en un
ambiente no abusivo; c) Los niños son interrogados por individuos
especializados y con competencia en el terreno de la infancia; d) El juicio se
lleva adelante sin dilación.
El Seminario Iberoamericano sobre “Protección de Víctimas y Testigos”,
celebrado en Cartagena de Indias en marzo de 2007 propugnaba que “para
ciertos testigos vulnerables, como los niños, el Estado debe estar en
condiciones de proveer medidas que disminuyan los traumas ocasionados por
su participación en el proceso, agilizar las diligencias procesales y mantener en
reserva detalles sobre la identidad del testigo e impedir su contacto directo con
el acusado durante la prestación del testimonio. Así, las medidas procesales
jurisdiccionales concentran una gama de instrumentos tecnológicos cada vez
más importantes, como la distorsión de voz y la video-conferencia, otros más
sencillos, como el empleo de biombos, mamparas y disfraces, y también los hay
de carácter estrictamente procedimental, como la tramitación preferente del
proceso en donde ha de deponer el testigo protegido”.
Una especial atención deberá prestarse cuando los menores estén dentro
de la fase de la infancia, en tanto la vulnerabilidad y fragilidad de los mismos es
mucho más intensa.
Como parámetros meramente orientativos, de acuerdo con las
aportaciones de la psicología del testimonio, podríamos distinguir entre una
edad límite para el testimonio infantil, situada en torno a los tres años de edad,
fase en que concurre una muy reducida capacidad cognitiva-léxica y la pericial
psicológica y la testifical de referencia adquieren un protagonismo indiscutible.
Los niños entre los 2/3 y 6/7 años presentan claras limitaciones como testigos,
siendo necesario restringir drásticamente la extensión de las actuaciones
procesales sobre ellos. Los niños entre 6/7 y 10/11 años tienen más

desarrollados sus aspectos cognitivos. Los adolescentes hasta los 16 años
tienen una capacidad verbal y un desarrollo cognitivo que hace que su
testimonio no presente diferencias sustanciales con el del adulto pero pueden
presentar alteraciones derivadas tanto de la victimización como de las
características del momento evolutivo de su personalidad (rebeldía,
desconfianza en las figuras de autoridad, confusión de la autoimagen, desarrollo
sexual, etc.).
Aun asumiendo que el mero hecho de la minoría de edad hace
merecedor al testigo de un tratamiento especial, la intensidad de la protección
puede graduarse, atendiendo a la edad del menor, al dato de si el mismo es o
no víctima del delito, a la naturaleza y gravedad de los hechos, a si guarda
relación de parentesco con el imputado o acusado etc.
Las Sras/Sres. Fiscales deberán también tener presente que las causas
que mayores problemas plantean en relación con el testigo menor (normalmente
también víctima) son las relativas a abusos y agresiones sexuales. En estas
causas, un juicio erróneo o una investigación archivada prematuramente puede
tener consecuencias extraordinarias no solo para los implicados en el proceso
en curso sino para potenciales víctimas, por lo que es extremadamente
importante que todas las investigaciones de presuntos abusos sexuales sean de
la mayor calidad posible y que se les otorgue prioridad respecto a otras
investigaciones criminales.
En todo caso, ha de subrayarse que el derecho a interrogar o hacer
interrogar a los testigos que declaren contra el acusado en los términos en que
lo interpreta nuestra jurisprudencia está también reconocido tanto en el art. 6.3
d) CEDH como en el art. 14.3 a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 19
de diciembre de 1966 (en adelante PIDCP). La antes citada STEDH de 27 de
febrero de 2001 (asunto “Lucha”) declara en este sentido que "los derechos de

defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del art. 6 cuando
una condena se funda exclusivamente o de forma determinante en
declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o
hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario." El mismo
Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la incorporación al proceso
de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona por sí
misma los derechos reconocidos en los párrafos 3 d) y 1 del art. 6 del CEDH
siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral
y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado; esto es,
siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar el
testimonio de cargo e interrogar a su autor bien cuando se presta, bien con
posterioridad (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso “Kostovski” ; 15 de
junio de 1992, caso “Lüdi”, 23 de abril de 1997, caso “Van Mechelen y otros”, y
de 20 de abril de 2006, caso “Carta”).
Configurado como derecho potencial el derecho a contradecir el
testimonio de cargo e interrogar al testigo, como regla general, supone que el
acusado a través de su Letrado tiene que tener la posibilidad de, directa o
indirectamente, en sede de instrucción o en el juicio oral, interrogar al menor
testigo (STC nº 174/2003 de 29 de septiembre).
Pero en el ámbito que nos ocupa, la matización la introduce el propio
TEDH al declarar que el art. 6.3 d) CEDH no puede ser interpretado, en el marco
de los procedimientos penales relativos a delitos sexuales contra menores,
como una exigencia de que, en todos los casos, las preguntas sean planteadas
directamente por el acusado o su abogado, mediante repreguntas u otros
medios (STEDH de 2 de julio de 2002, caso S. N. contra Suecia).

Por ello, cuando la única prueba de cargo se fundamente en las
manifestaciones efectuadas desde la acusación, y concretamente cuando se
trate de menores víctimas de delitos sexuales, debe compatibilizarse “la
valoración como prueba de cargo de la declaración de la víctima, con la
necesaria salvaguardia de los principios fundamentales que caracterizan un
sistema democrático de Justicia Penal y específicamente el derecho a la
defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, el principio de
contradicción, el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa, el
principio constitucional de presunción de inocencia o el de interdicción de la
indefensión” pues, “siendo unánimemente reconocida la necesidad de tutelar
eficazmente la indemnidad sexual de los menores, así como la de minimizar los
efectos negativos de su ineludible intervención en el proceso, adoptando para
ello las necesarias cautelas, ha de convenirse también en que estos objetivos no
pueden alcanzarse a través de la creación de un modelo procesal excepcional,
de carácter cuasi-inquisitorial, en el que se invierta la carga de la prueba
sustituyéndose el deber de la acusación de probar la culpabilidad por la
obligación de la defensa de probar la inocencia, se prescinda de la inmediación
y de la contradicción, o se impida a la defensa el acceso directo a las fuentes de
prueba, con las precauciones que se estimen procedentes, desequilibrando con
ello la balanza del proceso en favor de la acusación, única parte a quien se
permite dicho acceso, sin posibilidad de contradicción” (STS nº 832/2000, de 28
de febrero).
Desde la perspectiva de los derechos del acusado esto implica que para
su validez formal, cualquier merma o restricción de los derechos de defensa y
contradicción, sólo podrá acordarse con arreglo a un protocolo de precauciones,
caracterizado por la excepcionalidad, la judicialidad, la proporcionalidad y
generalmente, la fundamentación o deber de motivación de la decisión.

Obviamente el tratamiento especial de testigos y víctimas no ha de
otorgarse indiscriminadamente, salvo supuestos de niños de corta edad, sino
excepcionalmente, en aquellos casos en que se aprecie racionalmente algún
peligro procedente del acusado, de su entorno o simplemente, de la mera
confrontación con el mismo o de la actualización de los hechos delictivos que
inevitablemente implicará el propio juicio oral, en un escenario desfavorable
como es en general para la víctima la sala de vistas, lo que ocurre
particularmente cuando se trata de niños afectados por experiencias
traumáticas, a veces de índole sexual o violenta, cuya reiterada narración impide
el olvido y la curación del impacto psíquico o emocional dañino.
Por otra parte, todo sacrificio o restricción de un derecho fundamental
decidido por los poderes públicos ha de estar justificado en la protección de
otros intereses. Particularmente los derechos fundamentales de terceros actúan
de límite recíproco en sus respectivos ejercicios. En la ponderación de unos u
otros intereses y derechos, será imprescindible un juicio sobre la necesidad de
otorgar una protección que se traduzca en cualquier restricción de las garantías
del acusado y sobre la proporcionalidad del sacrificio impuesto en aras de la
indemnidad física, psíquica, emocional o moral del testigo.
En el juicio de proporcionalidad ha de pesar también la finalidad de lograr
la efectividad de la cooperación con la justicia de todos los ciudadanos, y de
evitar, en lo posible, lo que se ha llamado segunda victimización o plus de
aflicción causados a las víctimas por el propio procedimiento judicial, del que se
han hecho eco en los últimos tiempos las más variadas instancias institucionales
y sociales. No puede olvidarse que las normas se interpretan según la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3.1 Código Civil), y que es
por tanto esta perspectiva la que debe iluminar la cuestión aquí planteada

Desde la perspectiva de las necesidades de los menores víctimas y
testigos, dos son las ideas básicas a tener presentes como pórtico de reflexión:
Una primera idea es la de que las diligencias que recaigan sobre el menor
van a ser generalmente perturbadoras, cuando no traumáticas para él. Por
tanto, deben evitarse en la medida de lo posible las duplicidades en exploración
de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en las tomas de
declaración, y procurarse los diagnósticos, exploraciones o evaluaciones
conjuntas.
En este sentido, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
(Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados,
por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002)
proclama en su punto nº 26 in fine que se procurará evitar la reiteración de las
comparecencias del menor ante los órganos de la Administración de Justicia.
Las Sras/Sres. Fiscales deberán, por tanto, eludir la repetición de
declaraciones de menores, salvo en los casos estrictamente necesarios, a fin de
evitarles el sufrimiento de volver a relatar y revivir ante personas extrañas un
suceso para ellos traumático.
Con esta finalidad puede resultar conveniente dar pautas a la Policía
Judicial, para que en casos en que sea especialmente perturbador tomar
declaración al menor, se prescinda de la misma y se le traslade al Juzgado de
Guardia para, en su caso, preconstituir la prueba. Siempre que las
circunstancias lo permitan debiera prescindirse de la declaración policial del
menor, especialmente cuando el mismo sea víctima del delito y
fundamentalmente cuando éste sea de naturaleza sexual.

Baste con recordar que el RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación
de Policía Judicial, establece en su art. 20 que cuando los funcionarios
integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial realicen diligencias
de investigación criminal formalmente concretadas a un supuesto
presuntamente delictivo, pero con carácter previo a la apertura de la
correspondiente actuación judicial, actuarán bajo la dependencia del Ministerio
Fiscal. A tal efecto, darán cuenta de sus investigaciones a la Fiscalía
correspondiente que, en cualquier momento, podrá hacerse cargo de la
dirección de aquéllas, en cuyo caso los miembros de la Policía Judicial actuarán
bajo su dependencia directa y practicarán sin demora las diligencias que el
Fiscal les encomiende para la averiguación del delito y el descubrimiento y
aseguramiento del delincuente.
La Instrucción 1/2008, de 7 de marzo sobre la dirección por el Ministerio
Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial establecía en su conclusión 6ª
que las instrucciones particulares o las órdenes a las Unidades de Policía
Judicial sobre criterios o modos de actuación en investigaciones concretadas en
supuestos determinados, se impartirán por el Fiscal encargado del asunto a
través del Jefe de la Unidad o directamente a los funcionarios que practiquen la
investigación, con la dación de cuenta inmediata y documentada al Fiscal Jefe
en los casos de importancia o trascendencia, en virtud de lo dispuesto en el art
25 EOMF.
La segunda idea clave procede también de los estudios psicológicos
sobre niños testigos. Se evidencia en ellos que la recuperación emocional del
menor no empieza hasta la resolución del caso. Uno de los más importantes
factores de estrés de los testigos infantiles es el tiempo que transcurre entre los
hechos y la resolución del caso por la Justicia. Cuando el presunto delito se ha
cometido dentro de la familia del menor, la posibilidad de resolver el conflicto
familiar difícilmente puede operar hasta tanto no ha recaído una sentencia o
auto de sobreseimiento firme.
Por ello, las causas con menores implicados, especialmente cuando
éstos sean las víctimas, deben ser objeto de una tramitación especialmente
rápida. A tales efectos, las Sras/Sres. Fiscales, en su papel de impulsores del
proceso penal, redoblarán sus esfuerzos para remover cualquier obstáculo que
ralentice la solución de estos procedimientos.
Estas coordenadas victimológicas y a la vez respetuosas con el derecho
al proceso debido enmarcan las últimas reformas legislativas operadas en la
LECrim por LO 8/2006, de 4 de diciembre en esta materia y las pautas
interpretativas que se introducen en la presente Circular, teniendo
especialmente presente que en el Fiscal concurre simultáneamente el doble
cometido de garantía de los derechos del imputado y específica defensa de los
derechos fundamentales del menor (vid. apartado I.- de la Instrucción 3/2008, de
30 de julio).
Pero la protección de víctimas y testigos -especialmente cuando sean
menores- es una obligación no sólo del Fiscal (art. 10 EOMF y art. 15 Ley 35/95,
de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Libertad Sexual) sino también de los titulares de órganos
jurisdiccionales. A este respecto considera el Tribunal Supremo que entre las
funciones del Presidente del Tribunal se encuentra la ponderación de los
derechos constitucionales en juego para impedir que en el ejercicio de la
actividad de defensa se invadan o vulneren innecesaria y abusivamente los
derechos constitucionales de la víctima, y en concreto el derecho a la intimidad,
al indagar de modo innecesario y abusivo, acerca de las relaciones sexuales de
la víctima del hecho. (STS nº 673/2007, de 19 de julio).

En cualquier caso, queda claro que la reforma legal ha tratado de
equilibrar el sistema tomando en consideración los intereses de los menores, sin
menoscabo de los derechos de defensa y demás garantías procesales del
acusado.
1.2. Principios de la Reforma 8/2006 de 4 de diciembre
La Exposición de Motivos de la Reforma 8/2006 no aporta suficientes
criterios exegéticos. Declara que “se incluye una modificación de los artículos
448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los que se sustituye el último
párrafo, a fin de dotar de mayor protección a los menores víctimas de
determinados delitos y donde se prevé que cuando se trate de testigos menores
de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el Juez o
Tribunal necesariamente debe acordar que se evite la confrontación visual del
mismo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga
posible la práctica de las distintas pruebas (declaración, interrogatorio)”.
En realidad se reforman no sólo los arts. 448 y 707, sino también los arts.
433 y 731 bis LECrim. Por otro lado, la protección no se dirige a menores de
edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual sino a testigos
menores, sea cual sea el delito sobre el que hayan de testificar y con
independencia de si ostentan también o no la condición de víctimas. La
Exposición de Motivos tampoco aporta alguna guía hermenéutica sobre la
novedad de que sea obligatoria la presencia del Fiscal en estas declaraciones.
En todo caso, conviene destacar tres cuestiones concretas:
- Puesto que tras la reforma no distingue la LECrim franjas de edades en
relación con los testigos, sus disposiciones habrán de entenderse aplicables a
cualquier persona menor de 18 años (vid. art. 1 de la Convención de Derechos
del Niño de 20 de noviembre de 1989 y art. 1 LOPJM).
- Para aplicar el plus protector que estos preceptos incorporan habrá de
atenderse no a la edad que el testigo tenía cuando tomó conocimiento de los
hechos respecto de los que ha de deponer sino a la edad que tiene en el
momento de prestar declaración en el proceso.
- Los principios informadores de la presente Circular serán también de
aplicación para los testigos y víctimas que depongan en el proceso penal de
menores. Ha de recordarse que ya la Circular 1/2007, de 23 de noviembre, en
su punto IX.3 disponía que “la reforma 8/2006 modifica también la LECrim para
introducir cláusulas en salvaguarda de los derechos de los testigos menores.
Aunque tales previsiones están en principio preordenadas al procedimiento
penal de adultos, ninguna duda plantea su aplicabilidad al proceso penal de
menores, a la vista de la cláusula de supletoriedad de la Disposición Final
primera de la LORPM y teniendo en cuenta que su aplicación está en perfecta
armonía con los principios que inspiran el Derecho Penal Juvenil. De hecho, la
práctica diaria pone de manifiesto que en el proceso penal de menores también
las víctimas y los testigos en un alto porcentaje son menores de edad. Los Sres.
Fiscales cuidarán de garantizar que tales disposiciones preordenadas a
minimizar los perturbadores efectos de los procesos de victimización secundaria
tengan plena aplicación, pues su función genérica de protector de los derechos
de los menores también debe proyectarse sobre los testigos menores, sean o no
víctimas de los delitos”.

2.- DECLARACIÓN DEL MENOR EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN: ANÁLISIS
DE LA REFORMA 8/2006, DE 4 DE DICIEMBRE. PRESENCIA OBLIGATORIA
DEL FISCAL
El art. 433 LECrim, tras la reforma operada por LO 8/2006 dispone en su
párrafo tercero que toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos
y siempre en presencia del Ministerio Fiscal. Quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda del menor podrán estar presentes, salvo que sean imputados o
el juez, excepcionalmente y de forma motivada, acuerde lo contrario. El juez
podrá acordar la grabación de la declaración.
Por tanto, la declaración del menor durante la fase de instrucción tendrá
lugar necesariamente ante Juez de Instrucción, Secretario Judicial y Ministerio
Fiscal.
En cuanto al papel del Fiscal en esta declaración, ya la reciente
Instrucción 1/2007, de 15 de febrero, sobre actuaciones jurisdiccionales e
intimidad de menores consideraba que “la obligación específica de la presencia
del Fiscal en estas declaraciones no se funda en finalidades de aseguramiento
de la eficacia en la investigación, pues si tal fuera su “ratio”, tal presencia habría
de ser obligatoria en todas las declaraciones, sino precisamente en su función
de protector de los derechos fundamentales del menor”.
La importancia del papel del Fiscal en las exploraciones de menores ha
sido subrayada por la doctrina constitucional. La STC nº 17/2006, de 30 de
enero en relación con una causa civil en la que no se permitió al Fiscal asistir a
la exploración, declara que si bien los arts. 138.2 y 754 LEC permiten celebrar
las audiencias de menores sin asistencia de las partes “tal exclusión de
publicidad no puede entenderse referida al Ministerio Fiscal, que interviene
preceptivamente en el proceso de forma imparcial como defensor de la legalidad
y de los derechos de los menores afectados, velando por la primacía del interés
superior de éstos es necesario permitir su intervención efectiva en la
exploración, a fin de que el Fiscal pueda personalmente oír e interrogar a las
menores, para conocer si éstas expresan con libertad su opinión sobre el
conflicto que afecta a su esfera personal y familiar, e interesar, en su caso, la
adopción por el Tribunal de las medidas de protección de los menores que
estime necesarias”.
Por otro lado, presenciar la declaración del menor en fase de instrucción
puede proporcionar al Fiscal información privilegiada a la hora de decidir acerca
de extremos tan trascendentes como si procede proponerlo como testigo para el
acto del juicio oral o bien prescindir de él y en ese caso, acerca de si es
necesario preconstituir la prueba, citar a testigos de referencia o interesar
alguna diligencia sobre la credibilidad del testimonio. También servirá para
calibrar -si procede citarlo como testigo para el acto del juicio oral- el tipo de
cautela a promover para evitar su re-victimización. Igualmente podrá ser útil
para, en su caso, valorar la procedencia del sobreseimiento.
Potestativamente pueden estar presentes los representantes legales del
menor, y, en su caso, los guardadores, que sin ser representantes se ocupen
del mismo. Esta presencia potestativa -en principio recomendable para dar
mayor seguridad y confianza al menor- se ve exceptuada cuando los
representantes o guardadores sean los propios imputados, pues en tales casos
se desnaturalizaría su presencia en el acto, cuyo sentido es precisamente el de
amparar y dar tranquilidad al menor. También se prevé pese a no ser
imputados, que el Juez excepcionalmente acuerde la no presencia de los
padres, tutores o guardadores. Debe interpretarse cuál puede ser el fundamento
de esta exclusión excepcional: el art. 162 CC dispone que los padres que
ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores
no emancipados, exceptuándose "aquellos casos en que exista conflicto de
intereses entre los padres y el hijo". Parece por tanto que habrán de ser estos
supuestos en los que existan conflictos de intereses los que motiven la
exclusión. También podrá ser fundamento de la exclusión la existencia de
indicios que lleven a la fundada creencia de que los progenitores persiguen que
el menor no colabore con la Administración de Justicia. En todo caso, habrá de
evitarse que la presencia del progenitor o familiar suponga una presión directa
sobre el menor, impidiéndose que una vez iniciado el acto, se pretenda de
cualquier manera de orientar la declaración del niño.
Facultativamente también se prevé que puedan asistir expertos. Aunque
el precepto no concreta de qué expertos pueda tratarse, ordinariamente habrá
de entenderse que serán personas cualificadas profesionalmente para orientar
sobre el modo más adecuado de abordar al menor, esto es, psicólogos
infantiles, pedagogos o psiquiatras. Las circunstancias del caso serán las que
marcarán la necesidad o conveniencia de esta asistencia técnica, que se
incrementará cuando el menor sea, además de testigo, víctima, y atendiendo
especialmente a su edad, en cuanto normalmente para los denominados
menores maduros no será necesario. También la índole del delito será
determinante para calibrar tal necesidad.
En estos casos, al dirigir el interrogatorio de los menores se tendrán en
cuenta las pautas marcadas por los expertos. Incluso debe admitirse,
especialmente para niños de corta edad, que el interrogatorio lo lleve a cabo un
psicólogo infantil previa entrevista con Juez, Fiscal y demás partes a fin de
determinar su objeto. De hecho, en supuestos de niños muy pequeños con los
que es difícil el diálogo directo, las técnicas de abordaje sólo pueden practicarse
por persona experta en la materia.
Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley fue presentada
una enmienda que proponía que “en las declaraciones de menores en los
procesos penales se les tomará declaración a través de un experto, al que el
Juez, el Ministerio Fiscal y las partes previamente habrán facilitado las
preguntas y esta exploración será seguida por el Juez y las partes a través de
un espejo unidireccional o de un circuito cerrado de vídeo y podrán sugerir
nuevas preguntas a través del experto, grabándose en soporte audiovisual para
su valoración”.
La redacción final que la LO 8/2006 no asumió expresamente este
ambicioso planteamiento, si bien de lege data pueden alcanzarse resultados
similares (declaración a través de un experto, exploración con utilización de
espejos unidireccionales o de circuito cerrado de vídeo, posibilidad de sugerir
nuevas preguntas tanto a acusación como a defensa, grabación….) para los
casos en los que sea necesario o conveniente utilizar estas posibilidades y/o
preconstituir la prueba.
En efecto, se prevé como posible la grabación de la declaración. Las
Sras/Sres. Fiscales interesarán este modo específico de documentación
siempre que resulte plausible la eventualidad de que el menor no pueda declarar
en el acto del juicio oral o cuando con los datos ya recabados pueda sostenerse
que el grado de victimización secundaria del menor es especialmente intenso y
perjudicial si se le impone la obligación de asistir al juicio como testigo.
Si con anterioridad a la citación para declarar se ha solicitado la
elaboración de un informe psicológico sobre el menor será muy importante el
interesar que se pronuncie sobre si el mismo puede declarar sobre los hechos
sin riesgo para su equilibrio psicológico y, en caso positivo, sobre las cautelas
que se consideran necesarias o convenientes.
Como regla general, las Sras/Sres. Fiscales no citarán como testigos a
los menores para el acto del juicio oral cuando los expertos consultados
desaconsejen fundadamente tal citación. En estos casos -si no lo han hecho yapropondrán
la grabación de su declaración y que la misma se lleve a cabo
respetando los requisitos de contradicción previstos para la preconstitución
probatoria, siempre con las modulaciones que pueda exigir el interés del menor.
Resulta también de aplicación, el nuevo párrafo al final de la regla 4ª del
art. 770 LEC, introducido tras la reforma operada por Ley 15/2005, de 8 de julio,
(Derecho supletorio, conforme al art. 4 LEC, en el ámbito penal). Dispone el
reseñado precepto que en las exploraciones de menores en los procedimientos
civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones
idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras
personas y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello
sea necesario.
La Reforma 8/2006 ha suprimido la referencia a que el Juez instructor,
antes de recibir el juramento al testigo púber y de interrogar al impúber, les
instruirá de la obligación que tienen de ser veraces, y en su caso, de las penas
previstas para el delito de falso testimonio.
Habrán las Sras/Sres. Fiscales de interpretar que no se les recibirá
juramento a los menores, sean o no púberes, ni se les advertirá de las penas
con que el Código castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, sin
perjuicio de advertirles a todos la obligación que tienen de ser veraces y a los
mayores de 14 años de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal
conforme a la LORPM en caso de mentir.
No obstante, en relación con el juicio oral, continúa en vigor el art. 706
LECrim, conforme al que hallándose presente el testigo mayor de catorce años
ante el Tribunal, el Presidente le recibirá juramento en la forma establecida en el
art. 434. Quizás la coherencia debiera haber llevado a incluir para el acto del
juicio oral la previsión de que no se tomará juramento o promesa a los testigos
menores de dieciocho años. Sin embargo, la falta de una disposición expresa en
tal sentido debe llevarnos a mantener la vigencia del art. 706 LECrim.
3.- SUPUESTOS EN LOS QUE CABE EVITAR LA PRESENCIA DEL MENOR
EN EL ACTO DEL JUICIO ORAL
La jurisprudencia del TEDH parte de la incompatibilidad con las garantías
del art. 6 CEDH de las condenas que se fundamenten únicamente, o de manera
determinante, en las declaraciones de un testigo que el acusado no ha podido
interrogar ni durante la instrucción, ni durante el proceso ulterior (SSTEDH de 13
de octubre de 2005, caso “Bracci” contra Italia; de 14 de junio de 2005 “Mayali”
contra Francia; de 20 de diciembre de 2001 “P.S” contra Alemania). Ello
presupone la necesidad de la práctica de las pruebas en el juicio oral bajo los
principios de inmediación, concentración, oralidad, publicidad y contradicción.
Excepcionalmente reconoce el TEDH la suficiencia de la declaración del
menor testigo, prestada en fase anterior al juicio oral para enervar la presunción
de inocencia, cuando la defensa tuvo la oportunidad mediata, por ofrecimiento
expreso del agente policial, de intervenir, considerando que dicha potencial
intervención contradictora satisfacía las exigencias del art. 6,1 y 6,3 d) CEDH
(STEDH de 2 de julio de 2002 caso “S.N” contra Alemania).
Nuestro Tribunal Supremo, en aplicación de los principios de
concentración, oralidad, inmediación, publicidad y contradicción que rigen la
práctica de la prueba en el juicio oral el Tribunal Supremo reitera la exigencia
general de comparecencia de los testigos y peritos al juicio oral para desvirtuar
la presunción de inocencia (SSTS de 30 de enero de 1992 (Rec. 947/88) y nº
777/2000 de 28 de abril).
La improcedencia o imposibilidad de asistencia del menor al juicio oral
sea porque su participación en tal acto podría generarle daños psicológicos, sea
porque por razón de su edad no va a poder narrar los hechos, sea por cualquier
otra forma de imposibilidad o gran dificultad (fallecimiento, enfermedad grave,
residencia en el extranjero…) puede suplirse a través de dos vías, que
eventualmente serán complementarias: la preconstitución probatoria y la
utilización de testigos de referencia.
La Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de junio de 2005
(caso “Pupino”) declaró que los artículos 2, 3 y 8, apartado 4, de la Decisión
Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto
de la víctima en el proceso penal, han de interpretarse en el sentido de que el
órgano jurisdiccional nacional ha de poder autorizar que niños de corta edad que
alegan haber sido víctimas de malos tratos presten declaración según unas
formas que garanticen a dichos niños un nivel adecuado de protección, por
ejemplo, fuera de la audiencia pública y antes de la celebración de ésta. El
órgano jurisdiccional nacional está obligado a tomar en consideración todas las
normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en todo lo posible, a la luz de la
letra y de la finalidad de dicha Decisión Marco.
Las Sras/Sres. Fiscales, si por cuanto se ha dicho, apreciaran graves
dificultades para la asistencia del testigo menor al juicio oral, deberán ponderar
los derechos e intereses en juego, asumiendo al prescindir del testimonio en la
vista oral y acudir a la preconstitución probatoria, la eventualidad de una
sentencia absolutoria.
3.-1. Preconstitución probatoria
3.-1.1 Presupuestos habilitantes: generalidades.
Está comúnmente reconocido que los ritos procesales y la configuración
de una sala de vistas no son el marco adecuado para que un menor de corta
edad pueda testificar aportando información relevante sobre los hechos, tanto
mas si el niño-testigo es además víctima de hechos graves. Un menor de corta
edad no está en condiciones de testificar en el acto de la vista sobre hechos
ocurridos años antes. Un menor de corta edad no puede asumir
emocionalmente, conforme a los principios de la psicología evolutiva, los
requerimientos de un interrogatorio contradictorio. Un menor de corta edad, en
fin, está afectado profundamente en su desarrollo madurativo, de modo que es
contraproducente obligarle en el juicio a reconstruir experiencias traumáticas
ocurridas, desde su percepción temporal, en momentos muy lejanos.
La preconstitución de la prueba, conforme al art. 448 LECrim tiene como
presupuestos habilitantes los supuestos en los que el testigo manifestare la
imposibilidad de concurrir a juicio por haber de ausentarse de la Península, y
cuando hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o
incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral.
En el ámbito del procedimiento abreviado, tras la reforma operada por
Ley 38/2002, de 24 octubre, se ensanchan los presupuestos justificadores de la
preconstitución probatoria. En efecto, el apartado segundo del art. 777 LECrim
permite la preconstitución cuando, por razón del lugar de residencia de un
testigo o víctima, o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una
prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión.

El Módulo de referencia para el desarrollo de un Protocolo de actuación
en casos de Maltrato Infantil aprobado en el Pleno del Observatorio de la
Infancia de 22 de noviembre de 2007 dispone que se valorará la posibilidad de
que la declaración del menor se practique en fase de instrucción como prueba
preconstituida, para evitarle efectos de victimización secundaria, en los casos en
los que sea admisible, conforme a la jurisprudencia emanada del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo.
3.-1.2. Requisitos necesarios con carácter general.
Conforme al art. 448 LECrim el Juez instructor hará saber al reo que
nombre Abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo
contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de
recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el Juez recibirá
juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su
Abogado defensor, y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si
quisieren asistir al acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan
por conveniente, excepto las que el Juez desestime como manifiestamente
impertinentes.
Conforme al art. 777.2 LECrim, el Juez de Instrucción practicará
inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de
contradicción de las partes. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte
apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de
acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los intervinientes. A
efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese
deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal
de la diligencia, en los términos del art. 730.

3.-1.3 Especialidades en la preconstitución de la testifical de un menor de
edad.
Frente a lo propugnado por algún sector doctrinal, no se han establecido
justificaciones específicas para la preconstitución de la testifical de un menor de
edad. Esto no obstante, una interpretación teleológica de las causas generales
previstas en los arts. 448 y 777 LECrim, tamizada por los principios generales
que informan la LOPJM, debe llevar a admitir como presupuesto justificante el
caso de los menores que por razón de su corta edad o de su especial
vulnerabilidad estén en riesgo de sufrir un grave daño psicológico de verse
obligados a comparecer de nuevo como testigos en el acto del juicio oral.
Para que esta probabilidad de sufrir grave daño psicológico se baraje en
la decisión de prescindir de la ratificación del testimonio del menor en el acto del
juicio oral, debe estar debidamente acreditada en la causa, a través del
correspondiente informe pericial o de cualquier otro medio probatorio (STS nº
332/2006 de 4 de marzo).
También podrá acudirse a la preconstitución probatoria y correlativamente
habrán de abstenerse los Sras/Sres. Fiscales de citar a juicio oral a los testigos
menores cuando los mismos tengan tan corta edad que racionalmente pueda
llegarse a la conclusión que tras el lapso temporal probable entre la primera
declaración y la fecha del juicio oral, cualquier intento de rememorar los hechos
haya de resultar inútil.
Aunque es difícil dar pautas generales, pues el proceso de maduración
depende de numerosas variables, los niños menores de seis años cuyo
testimonio sea esencial deberán ser examinados con asistencia de
especialistas, en un entorno adecuado y dando la posibilidad a la Defensa de
formular -a través de terceras personas- cuantas preguntas pertinentes plantee.

En todo caso se procederá a la grabación de tal examen en presencia del
Secretario Judicial. Las preguntas de la defensa deben pues transmitirse al
encargado de dirigir el interrogatorio, sea el propio Juez, sea el Psicólogo.
El proceso de evolución madurativa de los niños de corta edad conlleva
cambios muy notables en cortos lapsos de tiempo en cuanto a capacidades
cognitivas y aptitudes de memoria. Puesto que no es infrecuente que el
señalamiento del juicio oral tenga lugar en fecha muy posterior a la de la
declaración sumarial, se comprende que la repetición en el juicio oral -además
de la perturbación para el menor- genera problemas desde el punto de vista de
la propia calidad de la declaración. El niño ha olvidado los hechos o los
recuerdos que tiene ya no son de los hechos, sino del relato elaborado e
influenciado por familiares, amigos, psicólogos etc., a su vez sometidos al filtro
de su propia elaboración. En este sentido, la STS nº 1582/2002, de 30 de
septiembre refiere que cuando la víctima del delito es un menor “su percepción
de los hechos no coincide necesariamente con la de una persona ya formada y
además puede verse en cierto modo afectada por las circunstancias que le
rodean desde su primera manifestación hasta el momento del juicio oral en que
la prueba se practica ante el Tribunal, máxime cuando, como no es anormal, ha
transcurrido un período dilatado de tiempo entre los hechos, su denuncia y su
enjuiciamiento”.
Por otro lado, la declaración ante un Tribunal puede menoscabar la
capacidad explicativa del menor, sobre todo si se aplica la técnica del
interrogatorio cruzado con todo su rigor, circunstancia que conlleva para el niño
un importante riesgo de bloqueo.
Ante estos supuestos, la preconstitución de la prueba se justifica no solo
a fin de salvaguardar el superior interés del menor sino incluso, desde el punto
de vista epistemológico, por ser el medio más adecuado en aras a la obtención
de la verdad material. En efecto, en estos casos, la preconstitución probatoria
sometida al principio de contradicción y registrada audiovisualmente tiene
beneficiosos efectos colaterales: el recuerdo de lo sucedido al ser más reciente
tiene menos riesgos de estar elaborado e influenciado. La conclusión se
refuerza en los casos de “olvido motivado”, por el que el menor tiende a olvidar
aquellos sucesos que no desea recordar, sobre todo por los efectos negativos
que éstos han tenido sobre el mismo.
Esta ampliación de la posibilidad de aplicar la preconstitución probatoria
en supuestos en los que la citación del menor a juicio oral puede suponerle un
grave perjuicio ha sido asumida por la jurisprudencia (SSTS nºs 626/2006, de 2
de junio y 1229/2002, de 1 de julio, 151/2007 de 28 de febrero).
En cuanto a las especialidades procedimentales en la preconstitución
probatoria para un testigo menor, la Disposición Final 1ª tres de la LO 8/2006 de
4 diciembre añadió un nuevo párrafo al art. 448 LECrim conforme al que la
declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la
confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. En la
regulación de la preconstitución de la prueba, la reforma operada por LO
14/1999 de 9 junio introdujo la posibilidad de evitar la confrontación visual del
menor testigo con el inculpado pero siempre subordinada al cumplimiento de
dos presupuestos: previo informe pericial y resolución motivada. Tras la reforma
8/2006 imperativamente habrá de evitarse la confrontación visual, sin que exija
el cumplimiento de ningún tipo de requisito.
Por tanto, aun cuando con carácter general la preconstitución de la
prueba exige hacer pasar a la diligencia por el tamiz de la contradicción con el
fin de salvaguardar el derecho del imputado a interrogar a los testigos de cargo,
esta exigencia, aún respetándose plenamente, puede matizarse para evitar
perjuicios a los testigos menores. Las posibilidades para llegar a un punto de
equilibrio son múltiples: utilización de biombo, empleo de video conferencia,
colocación del menor en un punto desde el que no pueda ser visto por el
imputado, utilización de espejos unidireccionales, todo ello en el entendimiento
de que la indemnidad del derecho de contradicción exige que esté presente en
el interrogatorio el Letrado del imputado y que se le permita formular preguntas
al testigo menor, así como entrevistarse con el imputado para decidir la práctica
de nuevas preguntas.
Por ello, aún con estas modulaciones, se respeta íntegramente el
derecho que asiste al imputado de interrogar al testigo directo y someter a
contradicción su testimonio, que integra el derecho al proceso con todas las
garantías del art. 24.2 CE (SSTC 7/1999, de 8 de febrero; 97/1999, de 31 de
mayo y 131/1997, de 15 de julio), reconocido expresamente en el párrafo 3 del
art. 6 CEDH como una garantía específica del derecho al proceso equitativo del
art. 6.1 del mismo (STEDH de 19 de diciembre de 1990, caso “Delta”).
Incluso ya antes de la reforma legal, la STS nº 1177/2005, de 19 de
octubre, consideraba suficiente para garantizar la contradicción que en la
preconstitución probatoria de la declaración de un menor víctima de un delito de
prostitución estuvieran los Letrados de los imputados aunque no estén los
propios imputados.
Avanzando más, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado recientemente
que lo que exigen la normativa internacional y su propia jurisprudencia acerca
de la contradicción como manifestación sustancial del derecho de defensa
proclamado en el art. 24 CE, es que el letrado defensor del acusado haya tenido
la oportunidad real de interrogar al testigo de cargo, bien en fase de instrucción,
bien en el plenario. A tales efectos se considera cumplida esta garantía en un
supuesto en el que “…el Juzgado de Instrucción proveyó la citación del testigo33
víctima al objeto de exploración del mismo sobre los hechos objeto de la
denuncia, providencia que le fue notificada a la defensa del acusado, vía
procuradora. A pesar de ello, la diligencia se llevó a cabo sin presencia del
letrado defensor, por lo que la ausencia de éste debe reputarse voluntaria y de
ninguna manera achacable al órgano jurisdiccional que había informado
cumplidamente del objeto de tal exploración. Y, desde luego, no impuso trabas o
inconvenientes ninguno a la comparecencia del Abogado defensor a tal
diligencia en la que hubiera podido interrogar al testigo…” (STS nº 666/2008, de
21 de octubre).
Un supuesto claro de validez de la preconstitución probatoria se expone
en la STS nº 626/2006, de 2 de junio: la víctima de los hechos enjuiciados -una
niña de tres años de edad- “no prestó declaración en el plenario, lo que fue
denunciado por la defensa”, no obstante lo cual, el Tribunal entiende “que tal
vicisitud no impide la reconstrucción probatoria” reflejada en el "factum",
considerando que, pese a ello, se respetó el derecho de defensa del acusado y
el derecho de contradicción, que, “no se agota ni se manifiesta exclusivamente
en el plenario” “la menor víctima tenía tres años cuando ocurrieron los hechos”,
“lo que implica una notable dificultad descriptiva de los mismos que incluso
podía calificarse de potencial incapacidad (...) para asumir la condición de
testigo, en los términos exigidos por la LECrim. (art. 417.3º)”… ello no obstante,
el Juez de Instrucción llevó a cabo la “exploración” de la menor, con intervención
de “todas las partes” (entre ellas, lógicamente, el Letrado del acusado)…de la
anterior diligencia se levantó el correspondiente acta “cuyo contenido fue
introducido en el plenario a instancia de la acusación particular”….teniendo en
cuenta que “concurría un riesgo cierto de victimización secundaria”, (el juicio se
celebró transcurridos siete años desde tuvieron lugar los hechos enjuiciados).
En el mismo sentido se decanta la STS nº 151/2007 de 28 de febrero al
admitir la preconstitución probatoria de las declaraciones de una niña de tres
años víctima de abuso sexual, cuya grabación fue visionada en el acto del juicio
oral.
En definitiva, la jurisprudencia ha asumido plenamente que es posible
“una interpretación finalística del artículo 730 LECrim., con invocación expresa
de la Ley orgánica 1/1996, de protección del menor” (vid. STS nº 626/2006, de 2
de junio).
En este marco normativo y jurisprudencial, siempre en aras de la mayor
efectividad de los derechos de defensa del acusado y de reducir sus posibles
restricciones al mínimo imprescindible, las Sras/Sres. Fiscales cuidarán, cuando
decidan prescindir del testimonio del menor en el acto del juicio oral y utilizar la
prueba preconstituida, que tal opción esté avalada por un dictamen pericial que
desaconseje la declaración del menor por ser susceptible de causarle graves
perjuicios (vid. STEDH de 10 de noviembre de 2005, caso “Bocos-Cuesta”
contra Holanda).
La conveniencia de la preconstitución probatoria habrá de plantearse
especialmente en causas por delitos contra la libertad sexual cuando la víctima
sea menor de catorce años.
3.1.4. Requisitos formales
La prueba preconstituida relativa a la exploración del menor, debe ser
llevada a la vista del juicio oral como prueba documental, proponiéndose así en
el escrito de calificación, debiendo igualmente las Sras/Sres. Fiscales interesar
su reproducción en juicio.
En los casos en los que deba valorarse el contenido de una grabación de
audio/video, es imprescindible que se proceda a la audición y/o visionado. La
STS nº 332/2006, de 14 de marzo declara al respecto que el visionado y
audición de las cintas, -en defecto de la percepción directa del testimonio de la
víctima- resultan “fundamentales e imprescindibles para poder comprobar el
contenido y sentido de las manifestaciones inculpatorias en su caso, efectuadas
por la menor, y para calibrar si la técnica utilizada por la psicóloga fue correcta
en sus entrevistas estructuradas o no, evitando cualquier género de sugestión
incompatible con las exigencias procesales (ex arts. 439,709 y concordantes de
la LECrim) garantizadoras de la espontaneidad de todo testimonio”.
Las Sras/Sres. Fiscales deberán evitar en estos casos la utilización de la
fórmula “por reproducida”, pues la omisión de la efectiva reproducción en el
plenario ha dado lugar a la revocación de sentencias condenatorias. Sentencias
del TC como las nº 82/1992 de 28 de mayo y 280/2005 de 7 de noviembre o
Sentencias del TS como la nº 332/2006 de 4 de marzo, han declarado la
vulneración de los derechos de defensa y contradicción ante la ausencia de
reproducción efectiva de la prueba (lectura o visionado al amparo del art. 730 de
la LECrim) en el juicio oral.
3.2 Posibilidad de utilizar testimonios de referencia como prueba de
cargo.
Con carácter general el art. 710 LECrim autoriza el testimonio de
referencia, si bien exigiendo al testigo de esta clase que precise el origen de la
noticia. Como se ha dicho, este tipo de prueba no es rechazable de plano,
porque, no excluida su validez por la Ley salvo en las causas por injuria o
calumnia vertidas de palabra, no siempre es posible obtener la prueba original y
directa.
Como resume la STS nº 124/2002 de 6 de febrero: "No puede olvidarse que
nuestro sistema procesal admite de manera expresa la figura del testigo de
referencia al aludir a él en el art. 710 de la LECrim, en el que distingue entre
testigos directos y de referencia, exigiendo, respecto de estos últimos, que no sólo
den razón y explicación satisfactoria de lo que conocen y manifiestan sino que
precisen el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido o con las
señas con que fuera conocida a la persona que se la hubiere comunicado. De esta
manera, el testimonio de referencia puede ser elemento valorable, máxime si
concurre con otros factores indiciarios de indudable estimación, para integrar la
prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Como pusieron
de relieve las Sentencias de 18 de julio y 5 de diciembre de 1994 y la de 19 de
enero de 1996, el supuesto de imposibilidad material de comparecencia del testigo
directo por fallecimiento del mismo es el más caracterizado de los que la
jurisprudencia estima como justificativos para entrar en la apreciación del
testimonio referencial, siempre a valorar por el Tribunal sentenciador”.
En el mismo sentido se declara la validez de los testigos de referencia
cuando se haya acreditado la imposibilidad de acudir al testimonio del testigo
directo. Concurriendo dicha imposibilidad el testigo de referencia puede
válidamente constituir prueba de cargo suficiente para enervar el derecho
fundamental a la presunción de inocencia y fundamentar una sentencia
condenatoria, mientras que en aquellos supuestos en que no concurran las
circunstancias mencionadas será una prueba más a valorar por el Tribunal junto
con las demás que se hayan producido en el acto del juicio oral. Por sí sola no
será suficiente generalmente para desvirtuar la presunción de inocencia. (SSTS
nº 697/2006, de 26 de junio, nº 516/1996, de 12 de julio y nº 187/1997, de 10 de
febrero).
La doctrina general del Tribunal Constitucional sobre esta modalidad
probatoria podría sintetizarse en los siguientes términos: “el testimonio de
referencia, como prueba admisible en derecho ha sido, a su vez, reconocido
explícitamente por este Tribunal, como medio apto para desvirtuar la presunción
de inocencia (SSTC nº 131/1997, de 15 de julio, nº 217/1989), si bien con
reservas en la medida en que “la regulación de la ley responde, como tendencia,
al principio de inmediación de la prueba, entendiéndose por tal la utilización del
medio de prueba más directo y no los simples relatos sobre éste” (SSTC nº
35/1995, de 6 de febrero, nº 217/89). De ello deriva que, “en la generalidad de
los casos, este Tribunal haya calificado dicho medio de prueba como poco
recomendable”, pues “en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre
la realidad misma de los hechos y el dar valor a los dichos de personas que no
han comparecido en el proceso”; por ello, se admite, aunque con la precisión de
que la prueba testifical indirecta no puede llegar a desplazar o sustituir
totalmente a la prueba testifical directa, salvo en el caso de prueba sumarial
anticipada o de imposibilidad material de comparecencia del testigo presencial a
la llamada del juicio oral (SSTC nº 217/1989, 303/1993, 79/1994 y 35/1995).
Concretamente, la STC nº 146/2003, de 14 de julio establece que “el testimonio
de referencia puede ser uno de los actos de prueba en los que fundar una
decisión condenatoria. Pero, como se ha declarado reiteradamente, se trata de
un medio que puede despertar importantes recelos o reservas para su
aceptación sin más como medio apto para desvirtuar la presunción de
inocencia”.
En determinados supuestos, especialmente cuando nos encontremos
ante delitos contra la libertad sexual y en los que la víctima es un menor de muy
corta edad, no procederá ni siquiera la preconstitución probatoria. En tales
casos y siempre que concurran determinadas circunstancias, podrá acudirse al
testimonio de referencia de los padres o terceras personas.
Por supuesto, al acudir a este tipo de prueba, las Sras/Sres. Fiscales
tendrán presente su carácter excepcional y subsidiario, así como las pautas que
proporciona la jurisprudencia sobre sus presupuestos de validez y su eficacia
limitada (SSTC 209/2001 de 22 de octubre, 263/2005 de 24 de octubre y

324/2005 de 12 de diciembre y SSTS nºs 139/2000 de 31 de enero, 335/2000 de
6 de marzo, y 332/2006, de 4 de marzo). En particular atenderán a la necesidad
de acompañar el testimonio de referencia de ratificaciones, siquiera periféricas,
procedentes de otras fuentes, directas o indirectas, de prueba (SSTS nº
534/1999 de 26 de marzo, 902/2001 de 21 de mayo y 124/2002 de 6 de
febrero).
Es ilustrativo el caso analizado por la STS nº 429/2002, de 8 de marzo en
relación con una víctima de tres años. Los argumentos de esta sentencia para
admitir y valorar el testimonio de referencia inciden sobre el modo convincente
con el que el Tribunal de Instancia explicó los motivos por los que creyó en la
veracidad de las declaraciones de los padres de la menor -no trataron de
magnificar lo ocurrido, procuraron cerciorarse de la realidad del hecho, sólo
denunciaron cuando se lo aconsejaron los especialistas que habían reconocido
a su hija, tuvieron buen cuidado en que ésta olvidase el atentado anteponiendo
los intereses de la menor al deseo de acumular pruebas contra el acusado, no
tenían anteriormente animadversión alguna contra el mismo, mantuvieron sin
cambios a lo largo del proceso la versión que inicialmente dieron de los hechos,
etc.-, así como los motivos por los que tuvo por ciertas las manifestaciones que
a sus padres hizo la niña -la espontaneidad de la comunicación, los gestos de
que fue acompañada, su precisa significación, la coincidencia entre
determinadas circunstancias que, según la menor, rodearon y facilitaron el
hecho y las admitidas por el acusado, el respaldo que su credibilidad recibió de
la prueba pericial psicológica ratificada y celebrada en el juicio oral, etc.- todo lo
cual autoriza a hablar de la apreciación racional de un conjunto probatorio
válidamente obtenido, practicado con todas las garantías inherentes al plenario
y cuya valoración incumbía al Tribunal de instancia.
Conforme a la STS nº 697/2006, de 26 de junio la cuestión se centra en
primer lugar en si existió posibilidad de obtener la declaración del testigo directo.

Se trataba también de una niña, de unos tres años cuando ocurren los hechos y
de unos cinco en el momento del juicio. El intento de exploración en el juicio oral
fracasó ante su negativa a relatar lo sucedido y a realizar cualquier clase de
manifestación, tal como se hizo constar en el acta y se refiere en la sentencia.
Es claro que la menor era inmune a una eventual coacción legítima derivada de
la obligación de declarar (artículo 420 de la LECrim), dado que su edad la
imposibilitaba para entender la obligación o la conveniencia de declarar sobre lo
sucedido y las eventuales consecuencias de todo tipo de su actitud. De otro
lado, las necesidades derivadas de la protección de la menor desaconsejaban
acudir a cualquier clase de maniobra para modificar su voluntad ya expuesta
con claridad en contra de realizar alguna manifestación sobre los hechos. Por lo
tanto, puede afirmarse que en esas condiciones era imposible o al menos
extremadamente dificultoso obtener su testimonio. Siendo así, nada impide que
se acuda al testimonio de referencia. Las declaraciones de la pediatra y del
perito psicólogo, en cuanto descartan la existencia de fabulaciones en la menor,
afirmando que a los tres años no es posible la elaboración de fantasías de
contenido sexual, así como el examen del resto de las pruebas que excluyen
otras posibles fuentes de conocimiento sobre los hechos de la clase de los que
la menor relató a los testigos referenciales, actúan como elementos de
corroboración de las declaraciones de éstos.
En esta línea, para nuestro Tribunal Supremo en los casos en que se
trata de niños muy pequeños o fuertemente traumatizados según opinión
médica, que aparecen como víctimas de delitos contra la libertad o indemnidad
sexuales, deben tenerse en cuenta de forma racional las posibilidades que la
Ley y la jurisprudencia contemplan en orden a la utilización, como prueba de
cargo, de los testimonios de referencia, haciendo compatibles las garantías del
acusado, especialmente las conectadas al derecho a la prueba, al derecho a un
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, con la defensa e
indemnidad de los derechos de los menores, pues la protección de éstos exige

evitar que sean sometidos a diligencias que puedan resultar seriamente
perjudiciales para su equilibrio, en la medida de lo racionalmente posible.
La STS nº 626/2006, de 2 de junio considera admisible el recurso al
testigo de referencia en un caso en el que la víctima es una niña de tres años
incapacitada para declarar por falta de discernimiento. La STS nº 1229/2002, de
1 de julio también admitió la posibilidad de sustituir la declaración testifical de
una menor con graves secuelas psicológicas como consecuencia del hecho
delictivo por la declaración de los testigos de referencia.
En efecto, debe recordarse que la LECrim prescribe que no podrán ser
obligados a declarar como testigos los incapacitados física o moralmente (art.
417.3º).
En este sentido el Tribunal Supremo ya ha declarado que debe
acreditarse adecuadamente y valorarse la posible incapacidad para declarar
derivada de la corta edad de las víctimas, conforme al artículo 417.3 de la
LECrim, (SSTS nº 697/2006, de 26 de junio, 469/2004 y 429/2002).
Con relación específica a testimonios de referencia y menores la doctrina
del Tribunal Supremo ha sido validada por nuestro Tribunal Constitucional en su
Sentencia 41/2003, de 27 de febrero, en la que con cita de las SSTC nº 79/1994,
de 14 de marzo, nº 68/2002, de 21 de marzo y nº 155/2002, de 22 de julio, se
declara que "el recurso al testigo de referencia ha de quedar limitado a aquellas
situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la
declaración del testigo directo y principal", lo que resultaría aplicable en el
presente caso, en el que la víctima es una niña de corta edad (dos años y medio
de edad en la fecha que ocurrieron los hechos), incapacitada para declarar por
falta de discernimiento (art. 417.2). En la misma línea, SSTC nº 209/2001, de 22
de octubre y nº 219/2002, de 25 de noviembre.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ha
declarado con rotundidad el derecho de todo acusado a interrogar a los testigos
directos (Sentencias de 19 de diciembre de 1990, caso “Delta”; 19 de febrero de
1991, caso “Isgró”; 26 de abril de 1991, caso “Asch” o 20 de septiembre de 1993,
caso “Saidi”), ha otorgado “suficiencia probatoria para destruir la presunción de
inocencia a la prueba testifical indirecta relativa a la declaración del policía
especializado que interrogó al menor víctima del abuso sexual”, al haber
dispuesto de una “potencial intervención contradictora (que) satisfacía las
exigencias del artículo 6.1 y 6.3 d) CEDH “ (vid. STEDH de 2 de julio de 2002).
También se ha admitido la validez de los testimonios de referencia para
desvirtuar la presunción de inocencia en supuestos como los analizados por las
SSTEDH de 13 de octubre de 2002, caso “Bracci” c. Italia; de 7 de junio de 2005
caso “Jerino” c. Italia; y de 13 de mayo de 2004 caso “Chifari” c. Italia, en base a
que el Tribunal dispuso de otros elementos de prueba, aunque fueran
secundarios.
En estos casos de utilización de testigos de referencia, con el fin de
respetar la preeminencia en el proceso penal de las garantías de los acusados,
y en particular, su derecho a la contradicción de las pruebas de cargo, “los
Tribunales deben ser muy rigurosos, no sólo en la apreciación de las
circunstancias que justifican la sustitución de unos testimonios por otros, sino
también en la crítica de los referenciales y en la expresión de las razones por las
que, en su caso, los han considerado dignos de crédito" (STS nº 1229/2002, de
1 de julio).
Esta misma exigencia de rigor en la ponderación de las circunstancias
que obligan a acudir al testimonio de referencia y en el análisis de su contenido
racionalmente incriminatorio y su posible eficacia como prueba de cargo,
incumbe lógicamente al Ministerio Fiscal, como defensor objetivo de la legalidad
y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

4.- EL SOBRESEIMIENTO DE LAS ACTUACIONES POR FALTA DE PRUEBA
EN CAUSAS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Partiendo de la capacidad de los menores de edad para prestar
válidamente testimonio en el proceso penal y de la habilidad del mismo para
destruir el derecho a la presunción de inocencia (vid. Infra, epígrafe 9), cuanto
se ha dicho hasta ahora evidencia que los casos en los que la víctima es menor
presentan dificultades sobreañadidas a los habituales problemas para obtener
pruebas racionalmente incriminatorias y esclarecer los hechos. Estas
dificultades se intensifican cuando la edad de la víctima es muy corta y alcanzan
niveles máximos cuando se trata de delitos contra la libertad sexual de los que
el menor es testigo único, y especialmente cuando tales delitos se denuncian en
situaciones de grave crisis familiar.
En estos supuestos, el esclarecimiento de los hechos y el castigo del
culpable es fundamental, mucho mas importante que en otros tipos delictivos,
tanto por razones de prevención general, como por motivos de prevención
especial, ya que los autores de estas conductas rara vez lo son con carácter
ocasional, por lo que el riesgo de que vuelvan a actuar sobre las mismas u otras
víctimas suele ser alto.
Pero ni siquiera el evidente interés general en la averiguación y sanción
de estos comportamientos, permitirá forzar al sistema penal a exprimir sus
posibilidades hasta el punto de hacer tabula rasa de las garantías de los
imputados por estos delitos o de olvidar las exigencias del derecho a la
presunción de inocencia. Por ello habrá supuestos en los que, ponderados
rigurosamente todos los intereses en conflicto y valorada adecuadamente la
entidad de los elementos incriminatorios que pueden presentarse ante el
Juzgador penal, la opción correcta sea la de interesar el sobreseimiento
provisional de las actuaciones.

En este sentido establece nuestro Alto Tribunal que el derecho
constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que
el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio
fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues
en un Estado Social y Democrático de Derecho es esencial que los inocentes
estén en todo caso protegidos frente a condenas infundadas, mientras que es
suficiente que los culpables sean generalmente castigados. La condena de un
inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad,
seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el
derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto
nuclear de todas las demás garantías del proceso (SSTS nºs 832/2000, de 28
de febrero, de 22 de abril de 1999, de 29 de diciembre de 1997 y de 23 de
marzo de 1999).
Cuando las Sras/Sres Fiscales opten por interesar el sobreseimiento de la
causa, tras ponderar los intereses en conflicto y las dificultades para obtener
una prueba racionalmente incriminatoria, a fin de garantizar al máximo el acierto
de estas decisiones, deberán plasmarlas siempre en informe suficientemente
motivado y sometido al régimen de visado previo.
5.- DECLARACIÓN DEL MENOR VÍCTIMA EN EL JUICIO ORAL: ANÁLISIS
DE LAS GARANTÍAS APLICABLES
Desde la psicología se han aislado los siguientes factores estresantes
que puede generar el acto del juicio para un menor: 1) permanecer solo en el
lugar destinado a los testigos; 2) la proximidad del abogado defensor y la
posibilidad de llegar a ser acusado de mentir; 3) la posición en un lugar elevado
de los actores del proceso; 4) el público asistente; 5) las togas de los
intervinientes; 6) el que se le exija hablar en alto; 7) la utilización de un
vocabulario legal ininteligible, especialmente cuando son examinados por el
abogado de la defensa; 8) la presencia del acusado.
Para contrarrestar estos factores estresantes debieran promoverse las
siguientes prácticas: 1) procurar que el menor sea el primero en declarar,
evitando esperas en la puerta de la sala de juicios; 2) celebrar el juicio a puerta
cerrada; 3) separar al menor del acusado o tomarle declaración en otra sala, o
evitando la visión directa con mamparas; 4) proporcionarle compañía durante la
declaración (psicólogo o familiar), sobre todo para niños más pequeños; 5)
utilizar un lenguaje comprensible; 6) suprimir el uso de togas durante la
declaración del menor y 7) permitir que declaren sentados.
Efectivamente, según la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y
Juvenil (1999) cuando el niño o niña tiene que testificar, se pueden tener
consideraciones especiales para reducir su estrés tales como el uso del video,
realización de pausas, la exclusión de espectadores o la opción de no tener que
mirar al acusado.
El punto nº 30 de la Guía sobre Justicia en asuntos concernientes a niños
víctimas y testigos de delitos, aprobada por la Resolución 2005/20 ECOSOCNaciones
Unidas sugiere que se tengan en cuenta la posibilidad de recesos
durante el testimonio del menor, que las audiencias se señalen en momentos
del día apropiados para la edad y madurez del menor y el establecimiento de un
sistema adecuado de notificación para asegurar que el menor va al Juzgado
solo cuando sea estrictamente necesario.
Es importante insistir en que la justificación de este tipo de medidas no
reside exclusivamente en la necesidad de preservar el interés del menor sino
también la de obtener la máxima calidad en el testimonio. La psicología ha
demostrado que a menor estrés del menor testigo, mayor calidad en su
declaración.
Es preciso analizar tres cuestiones: 1) cuándo puede acordarse la
limitación de la confrontación visual 2) en qué consiste la evitación de la
confrontación visual y 3) qué medios técnicos pueden utilizarse para lograr tal
objetivo manteniendo la indemnidad de los derechos del acusado a la
inmediación y contradicción y por ende, la validez de la prueba.
Para responder a tales interrogantes debe tenerse presente que tras la
reforma operada por LO 14/1999 de 9 junio, el art. 707 LECrim permitía,
potestativamente en casos de testigo menor de edad que el Juez o Tribunal en
interés del menor y mediante resolución motivada, previo informe pericial,
acordara que el interrogatorio se llevara a cabo evitando la confrontación visual
con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual.
La Reforma 8/2006 modifica este precepto cuyo párrafo segundo
establece ahora que “la declaración de los testigos menores de edad se llevará
a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado,
utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta
prueba”. Esta disposición se impone con independencia de que el menor sea
víctima y sin necesidad de aportar ningún tipo de informe psicológico.
De este modo, en relación con los testigos menores ya no será aplicable
el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de
fecha 6 de octubre de 2000, en el que se exigía al Tribunal una motivación
razonable de la decisión de impedir la visualización del testigo por parte del
acusado en el juicio oral, conforme al apartado b) del art. 2 LO 19/1994.
Esta Reforma consagra la distinción entre la contradicción
(imprescindible) y la confrontación entre testigo menor y acusado (evitable). La
contradicción exige que el acusado por medio de su Letrado interrogue al testigo
menor, pero no implica la confrontación directa, ni verbal ni visual con el
acusado.
La declaración del testigo en el acto del juicio sin la presencia del
acusado no es contraria a la noción de proceso equitativo, si se obtiene en
presencia del abogado que le representa y éste se encuentra en condiciones de
proteger sus intereses, cuando concurra causa justificada, incluyendo como tal
la necesidad de proteger a los testigos (vid. STEDH de 26 de marzo de 1996,
caso “Doorson” vs Países Bajos). También en la STEDH de 4 de noviembre de
2003, caso “Bellerín” contra España, se considera que los intereses de los
testigos y víctimas llamados a declarar quedan amparados por el art. 8 CEDH,
de tal manera que los Estados deben organizar su procedimiento penal de forma
que dichos intereses no peligren indebidamente. Los principios del proceso justo
o equitativo exigen que se sopesen los intereses de la defensa y los de los
testigos o de las víctimas llamadas a declarar. Las razones invocadas por el
Magistrado-Presidente para disponer el modo de desarrollo de la prueba,
consistentes en proteger la salud mental y la serenidad del niño son calificadas
por el TEDH como pertinentes y suficientes. Por otro lado, no se produjo
ninguna vulneración del art. 6.3.d) CEDH pues en todo momento el letrado del
demandante tuvo la posibilidad de preguntar al testigo menor, así como la
posibilidad de comunicar con el demandante durante el interrogatorio. Por todo
ello, de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH puede concluirse con que el
principio de contradicción no exige que el acusado esté presente durante el
interrogatorio del testigo cuando concurran razones que justifiquen dicha
ausencia. Tampoco requiere que se le permita interrogar directamente al
acusado, siempre que haya tenido la posibilidad de interrogar a través de su
letrado.

Por tanto, en los casos en los que sea factible la presencia del testigo
menor en el juicio oral, la Ley quiere que su declaración tenga lugar siempre
-con independencia de la edad del menor, sea el mismo víctima o simple testigo
y cualquier que sea el delito sobre el que deponga- con un plus de garantía, con
el objetivo de evitar la confrontación visual con el inculpado y permitiendo para
ello que la prueba se practique por medio de cualquier medio técnico que la
haga posible.
Por lo demás, esta previsión, ahora ya con rango legal, había sido
admitida con anterioridad por la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su
STC nº 64/1994, de 28 de febrero declaraba que es la imposibilidad de
contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo contrario a las
exigencias derivadas del art. 6 CEDH; por lo que, por el contrario, en aquellos
casos en el que el testimonio no pueda calificarse de anónimo sino, en todo
caso, de "oculto" (entendiendo por tal aquel que se presta sin ser visto por el
acusado), pero, en los que la posibilidad de contradicción y el conocimiento de
la identidad de los testigos -tanto para la defensa como para el Juez o Tribunal
llamado a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado- resulten
respetados, han de entenderse cumplidas las exigencias derivadas del art. 6.3º
d) CEDH (en el mismo sentido, ATC nº 269/1994, de 17 octubre). También la
STS nº 191/1995, de 14 febrero declaraba que "si bien es cierto que en esos
casos hay una restricción en relación con el principio de publicidad que rige para
las sesiones del juicio oral, no se produce infracción procesal relevante porque
quedan debidamente respetados los principios de oralidad, contradicción,
igualdad de armas, defensa e inmediación propios del mencionado acto
solemne del plenario, pues, a la vista del Tribunal y de los defensores de las
partes, se interrogó a los testigos".
En cuanto a qué tipo de medios técnicos pueden utilizarse, deben
entenderse incluidos cualesquiera medios técnicos o audiovisuales.

La LO 8/2006, de 4 de diciembre tras la expresión “gravosa o perjudicial”
del art. 731 bis de la LECrim, ha añadido el inciso “y, especialmente, cuando se
trate de un menor”.
Por ello, una interpretación sistemática de los arts. 707 y 731 bis LECrim
lleva a la conclusión de que cuando el testigo es menor debe automáticamente -
ope legis-, entenderse que su comparecencia resulta gravosa o perjudicial y que
por tanto, puede acudirse al uso de la videoconferencia.
Debe además recordarse que ya la Instrucción 1/2002, de 7 de febrero,
acerca de la posibilidad de celebrar juicios orales penales por videoconferencia
hacía mención a la posibilidad de usar la videoconferencia para evitar
confrontaciones visuales a menores. También la Instrucción 3/2002, de 1 de
marzo, sobre actos procesales que pueden celebrarse a través de
videoconferencia tras advertir que la videoconferencia puede contribuir de
manera decisiva a que algunos testigos o peritos declaren con plena libertad en
un proceso en el que concurran circunstancias determinantes de una especial
presión sobre su persona o sobre sus familiares, declaraba que mención
especial merecen, dentro del presente apartado, los menores de edad. Debe
tenerse en cuenta que, por aplicación de los arts. 9.1 y 11.2 d) de la LO 1/1996,
de 15 de enero, las comparecencias de los menores ante los órganos judiciales
deben practicarse de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo,
preservando su intimidad.
En el mismo sentido, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Justicia proclama en su punto nº 26 que el menor de edad tiene derecho a que
su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a
su situación y desarrollo evolutivo. Para el cumplimiento de este derecho podrán
utilizarse elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión,
videoconferencia o similares.

Lógicamente la utilización de mamparas o medios análogos tiene una
menor capacidad como mecanismo neutralizador de efectos de victimización
secundaria, pues no evita la presencia del menor en la sala de vistas y su
cercanía al acusado, pero para determinados supuestos no necesitados de
niveles de protección cualificados podrá ser suficiente. La utilización de las
mamparas habrá de realizarse tratando por un lado de impedir el contacto visual
entre menor y acusado y al mismo tiempo permitiendo que el menor siga
teniendo contacto visual con la persona o personas que le acompañen para
prestarle apoyo, y pueda ser visto por el Tribunal, el Ministerio Fiscal y los
representantes de las partes.
El Tribunal Supremo ha admitido el uso de otras cautelas, de forma que
puede el Tribunal adoptar las medidas de tutela que estime más adecuadas,
entre las que cita expresamente el “acompañamiento por un familiar,
limitaciones a la publicidad, suspensión temporal del juicio, declaración como
testigo oculto para los acusados o sin confrontación visual directa con los
mismos” (vid. STS nº 1169/2000, de 30 de junio).
La STS nº 651/2000, de 5 de abril aceptó la declaración de los testigos
menores fuera de la sala de vistas, en el despacho del Juez de lo Penal, con la
asistencia del Ministerio Fiscal y del Abogado defensor, los cuales pudieron
interrogar a tales testigos. En la misma línea, la STS nº 1123/2000, de 26 de
junio, admite la validez de la testifical llevada a cabo en las proximidades de la
sala de vistas, en donde se hallaba el acusado, quien pudo ver por circuito
cerrado de televisión el desarrollo de la prueba.
También se ha admitido la declaración desde el umbral de la puerta de
acceso a los estrados de la Sala de vistas (vid. SSTS nº 673/2007, de 19 de
julio, nº 1398/1994, de 8 de julio), aunque estos procedimientos no resultan
recomendables, siendo preferible acudir a la utilización de mamparas o los
medios técnicos anteriormente reseñados.
El Módulo de referencia para el desarrollo de un Protocolo de actuación
en casos de maltrato infantil aprobado en el pleno del Observatorio de la
Infancia de 22 de noviembre de 2007 dispone que en caso de no ser procedente
la preconstitución probatoria y, por tanto, cuando el menor deba declarar en el
acto del juicio oral de existir oficina de atención a la víctima se informará a la
misma de la fecha y hora del juicio, a fin de que preste auxilio, informe y, en su
caso, acompañe al menor y a su familia. Como regla general, en los casos en
los que el menor esté tutelado, será acompañado por un educador del
correspondiente centro.
6.- PAUTAS EN RELACIÓN CON CAREOS
El art. 455 LECrim en su párrafo último, añadido por la LO 14/1999 de 9
junio dispone que no se practicarán careos con testigos que sean menores de
edad salvo que el Juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de
dichos testigos, previo informe pericial.
Por ello, ni en fase de instrucción ni en fase de enjuiciamiento habrá de
utilizarse esta diligencia en relación con menores sino cuando simultáneamente
concurran los dos presupuestos: 1) imprescindibilidad 2) informe pericial
acreditativo de que no va a ser lesivo para el interés del menor testigo.

7.- OTROS MECANISMOS PROTECTORES DEL TESTIGO MENOR
Pueden eventualmente devenir aplicables los mecanismos de protección
que ofrece la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a
Testigos y Peritos en causas criminales pues su presupuesto aplicativo es el de
que "la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la
persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella o sus
descendientes o hermanos" (art. 1.2). Obviamente y como apunta la STS
899/1999, de 2 de junio, este presupuesto bien puede darse ante la declaración
de un menor.
El peligro grave para la persona no necesariamente ha de ser proyectado
hacia la integridad física, pudiendo serlo también de tipo psicológico o moral.
Además, a la hora de interpretar el requisito del peligro grave, la minoría de
edad del testigo debe modular su radio, de modo que una situación no
generadora de riesgo para un adulto puede implicarlo respecto de un menor,
teniendo en cuenta el mayor desvalimiento inherente al mismo.
Son en este punto aplicables las prevenciones de la LO 19/1994 en
cuanto a la prohibición de tomar imágenes de testigos (art. 3.1) y las de la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual, en cuanto que conforme al art. 15.5 el
Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad no deseada
que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo solicitar la
celebración del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad con lo previsto
en la legislación procesal.
Específicamente en relación con los menores, la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia proclama en su punto nº 28 que el menor de
edad tiene derecho a que las autoridades y funcionarios de la Administración de
Justicia guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas con ellos,
que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve su intimidad y
el derecho a su propia imagen. El art. 4.1 LO 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, reputa intromisión, “cualquier utilización de su
imagen o nombre en los medios de comunicación. que sea contraria a sus
intereses.” (vid. Instrucción 2/2006, de 15 de marzo, sobre el Fiscal y la
protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores e
Instrucción 8/2005, de 26 de julio, sobre el deber de información en la Tutela y
Protección de las Víctimas en el Proceso Penal).
Por último también debe recordarse la necesidad de un riguroso
cumplimiento de la previsión del art. 109 in fine LECrim en el que se dispone
que en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el art. 57 del
Código Penal, el Juez asegurará la comunicación a la víctima de los actos
procesales que puedan afectar a su seguridad. El punto nº 20 a) de la Guía
sobre Justicia en asuntos concernientes en niños víctimas y testigos de delitos,
aprobada por la Resolución 2005/20 ECOSOC-Naciones Unidas también incide
en esta necesidad de información.
8.- PAUTAS GENERALES SOBRE INTERROGATORIOS A MENORES
La Recomendación de 28 de junio de 1985, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho
penal y del proceso penal tras subrayar que el interrogatorio de las víctimas
deberá hacerse con respeto a su situación personal, derechos y dignidad,
aconseja que los niños sean interrogados en presencia de padres, tutor o
persona cualificada para asistirles.

El punto nº 13 de las “Pautas sobre Justicia en causas relativas a niños
víctimas y testigos de delitos” propone que a fin de evitar perjuicios adicionales
al menor, los interrogatorios, exámenes y otras formas de investigación deben
estar conducidos por profesionales formados, que procedan de manera
sensible, respetuosa y cuidadosa.
En este marco, las Sras/Sres. Fiscales habrán de tratar de mitigar tanto
los retrasos en la citación para tomar declaración al menor en fase de
instrucción, como las dilaciones en los señalamientos de juicio. Igualmente -en
la medida de sus posibilidades- habrán de promover que los juicios en los que
tenga que intervenir un testigo menor sean los primeros en el orden de
señalamientos. Estas medidas amortiguarían el que se considera uno de los
primeros agentes inductores de tensión en el testigo infantil, la demora entre los
hechos y el momento de testificar y la ansiedad que provoca la espera en los
pasillos -con frecuencia inhóspitos- de los edificios judiciales. En efecto, sigue
siendo una práctica frecuente la de señalar los juicios mas complejos (una
causa por delito contra la libertad sexual de un menor lo es) los últimos de la
mañana, por lo que pueden producirse importantes retrasos en la hora de inicio,
con el consiguiente nerviosismo en el menor y perturbadores efectos para su
intervención durante el juicio oral.
Aunque los señalamientos obviamente no son competencia del Fiscal, las
Sras/Sres. Fiscales en sus escritos de calificación y por medio de Otrosí, podrán
interesar que se señale la causa en primer lugar, invocando las razones
expuestas y el superior interés del menor.
En relación con este punto, el Módulo de referencia para el desarrollo de
un Protocolo de actuación en casos de maltrato infantil aprobado en el pleno del
Observatorio de la Infancia de 22 de noviembre de 2007 dispone que cuando el
menor deba declarar en el acto del juicio oral, éste “se señalará en primer lugar”.

Por otra parte, cuando el testigo menor es víctima y se encuentra además
en una situación de desprotección (v.gr. cuando ha sido objeto de malos tratos
por sus progenitores) es esencial que la actuación de la Justicia penal y de las
Entidades Públicas de Protección de Menores esté coordinada, y a los efectos
de tal coordinación las Sras/Sres. Fiscales en tanto en cuanto son parte
necesaria en el proceso penal y son superiores vigilantes de la actuación de las
Entidades de Protección habrán de desplegar toda su diligencia para evitar
contradicciones o disfunciones.
Los interrogatorios a menores deben estar presididos por la necesidad de
infundirles confianza, impidiendo simultáneamente que se les asuste, partiendo
de que la intimidación puede paralizar sus facultades amnésicas y de que el
niño puede experimentar episodios de nerviosismo, vergüenza o bloqueo ante
las personas que no conoce.
Por ello, deberán las Sras./Sres. realizar los necesarios esfuerzos por
modificar el lenguaje jurídico utilizando una terminología adecuada al nivel de
desarrollo del niño. En este punto, el Protocolo de 22 de noviembre de 2007
dispone que se evitarán formalismos que puedan perturbar al menor, utilizando
un lenguaje adecuado a su nivel de comprensión.
La psicología del testimonio ha puesto de manifiesto que los testigos
cometen mas errores cuando las preguntas son cerradas que cuando las
preguntas son abiertas, de modo que se les permita el recuerdo libre, eligiendo
sus propios detalles. El recuerdo libre incrementa la exactitud, aunque no
garantice una declaración completa. Por ello es preferible iniciar el interrogatorio
de manera que sea el propio testigo menor quien cuente lo que ha visto y
percibido, para a continuación -y sólo a continuación- pasar a hacerle preguntas
sobre puntos que puedan permanecer oscuros o sobre otros detalles adicionales
sobre los que se precise información, advirtiendo al menor que conteste sólo
sobre lo que recuerde. Resumiendo, podríamos decir que debe recurrirse en
inicialmente a la forma narrativa e intentar luego, progresivamente, preguntas
mas estructuradas.
Las preguntas nunca deberán contener aditivos sugestivos, ni revelar la
opinión o toma de postura del interrogador. En ocasiones será preferible
contentarse con respuestas lacónicas y declaraciones fragmentarias, pues si se
obliga al niño a proporcionar detalles, se incrementa el riesgo de que incorpore a
su declaración elementos irreales.
No ha de olvidarse que el grado de sugestión que pueda tener una
pregunta depende no sólo de su estructura gramatical y semántica sino del tono
y de la autoridad del interrogador. Se evitará por ello, sobre todo en edades
tempranas, lo que ha venido en llamarse “sugestión por coacción implícita” que
genera en el niño confusión entre lo que se quiere que él diga o piense y lo que
efectivamente piensa o quiere decir. Es frecuente que el niño trate de
comprender qué desea el interrogador que diga, especialmente cuando se ve
dominado por la seguridad del adulto, de modo que puede someterse con
facilidad a la afirmación de la persona que le interroga, sin darse cuenta que
anteriormente pensaba de forma distinta. La tensión que genera en un menor la
declaración ante la Policía, el Juez, el Fiscal u otras autoridades puede poner en
marcha un mecanismo de defensa que hace que el niño esté menos atento al
objeto del interrogatorio y más pendiente del sujeto activo del mismo, al que
trata de satisfacer para que cese la situación estresante.
Las Sras/Sres. Fiscales atenderán a estas consideraciones en su
interrogatorio y procurarán que se inadmitan las preguntas que intenten
menoscabar la solidez del testimonio del menor o su eficacia probatoria
empleando medios, modos, o formas poco respetuosos con la dignidad del
mismo. Como establece el Tribunal Supremo, “en el caso de agresiones
sexuales debe extremarse la sensibilidad en cuanto las manifestaciones de las
víctimas menores, les hace revivir públicamente acontecimientos que han
impactado necesariamente sobre su equilibrio psicológico y emocional. Es
necesario extremar la delicadeza en la selección y admisión de las preguntas
pertinentes, evitando las que sean innecesarias en relación con el objeto del
proceso y rechazando, como es lógico, todas aquellas que tratan de
menoscabar su dignidad o que busquen impactar al menor, haciéndole perder la
necesaria estabilidad psíquica en la prestación de su testimonio”. (SSTS nº
673/2007, de 19 de julio, 706/2000 de 26 de abril). Las preguntas deben indagar
sobre hechos y no sobre las razones del comportamiento del testigo o de la
víctima y menos aun, cuando tales indagaciones atentan a la dignidad de ésta
(STS nº 673/2007, de 19 de julio).
Al efecto de preservar tanto la indemnidad de los menores como la
calidad de su testimonio, podrá valorarse la conveniencia de solicitar la
colaboración de psicólogos a fin de obtener asesoramiento en orden a
atemperar los efectos de la victimización secundaria en los menores. El estrés
que puede derivarse del proceso para el menor testigo debe -cuando sea
necesario- ser paliado con la intervención de expertos que le aclaren
determinados puntos -previa visita a las instalaciones judiciales o la explicación
de lo que se espera de él- y que orienten a los operadores sobre la forma de
dirigirse al mismo. Los niños necesitan saber exactamente qué ocurrirá en el
juicio y qué es lo que se espera de ellos.
También en su caso las Sras/Sres Fiscales promoverán la celebración de
los juicios a puerta cerrada. Aquí, el referido Protocolo subrayaba que a la hora
de decidir si las sesiones se practican con publicidad o a puerta cerrada se
tendrán especialmente en cuenta las necesidades del menor víctima, teniendo
siempre presente lo dispuesto en el ya citado art. 9.1 LOPJM.

9. VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO MENOR DE EDAD
El punto nº 18 de la Guía sobre Justicia en asuntos concernientes en
niños víctimas y testigos de delitos, aprobada por la Resolución 2005/20
ECOSOC-Naciones Unidas establece que la edad no debería ser una barrera al
derecho del niño a participar plenamente en el proceso judicial. Todos los niños
debieran ser tratados como testigos capaces sometidos a examen y su
testimonio no debiera presumirse inválido o tratado con desconfianza por la sola
razón de la edad siempre que su desarrollo mental permita la observación de
hechos y su transmisión inteligible a terceros, con o sin ayudas o asistencias.
Pese a que el Tribunal Supremo parte de la dificultad probatoria que se
presenta en los delitos contra la libertad sexual por la forma clandestina en que
los mismos se producen (SSTS nº 597/2008, de 1 de octubre, nº 317/2008, de
27 de mayo; nº 173/2004, de 12 de febrero), la consideración como prueba de
cargo del testimonio prestado por el impúber ha sido reiteradamente reconocida
por la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como por la del Tribunal
Supremo (vid. STC nº 44/1989 de 20 de febrero y SSTS nºs 732/1997, de 19 de
mayo, de 28 de octubre de 1992, de 16 de enero de 1991, y de 18 de
septiembre de 1990) y ello aunque sea el único testigo (SSTS nº 379/1997, de
23 de marzo, 23 de mayo de 1996 y 23 de mayo de 1995). En principio, la
circunstancia de que el testigo sea menor de edad en absoluto empece a que su
testimonio constituya prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción
de inocencia (STS nº 108/2005, de 31 enero) dado que en el proceso penal
"basta para apreciar la prueba con la estimación de la capacidad informativa del
testigo en base a simples percepciones sensoriales" que el menor puede
perfectamente transmitir (STS nº 1600/2000, de 20 octubre). La declaración
incriminatoria de un menor, incluso afectado de retraso mental, es
perfectamente apta para ser valorada por los jueces y, en su caso, destruir la
presunción de inocencia de quien resulta incriminado en ellas, porque esos

factores del deponente no son óbice para su eficacia como elemento probatorio,
a no ser que existan y se acrediten razones objetivas que invaliden sus
manifestaciones o provoquen dudas en el juzgador que le impidan formar su
convicción, incluido el aspecto de la credibilidad, cuya valoración corresponde al
Tribunal de instancia (STS nº 175/2008, de 14 de mayo).
También en relación con menores objeto de agresión sexual el Tribunal
Supremo ha declarado que en estos casos el menor “no da cuenta o informa
con un lenguaje elaborado o dependiente de un proceso mental de racionalidad
previa, sino que transmite literalmente hechos que pueden ser base para la
fijación histórica de lo ocurrido, siendo facultad exclusiva del Tribunal de
instancia, en base a la inmediación, la valoración de aquel testimonio, pero
cuando se trata de menores de muy corta edad -en este caso tres años y mediocon
desarrollo aún muy inmaduro de su personalidad, con resortes mentales
todavía en formación que pueden incidir en la forma de narrar lo sucedido, de
manera que puedan incurrir en fabulaciones o inexactitudes, su credibilidad
debe ser cuidadosamente examinada por el elevado numero de errores que
pueden contener, por la reducida capacidad cognitiva-léxica en ese periodo
evolutivo y por la elevada posibilidad de que el recuerdo pueda verse inferido
por conocimientos, emociones o influencias posteriores a los sucesos” (STS nº
1031/2006, de 31 de octubre).
En ocasiones el Tribunal Supremo valora especialmente, en orden a
utilizar la declaración de los menores el informe psicológico ante niños de corta
edad a fin de evaluar la posibilidad de fabulación (SSTS de 5 de diciembre de
1994, 13 de abril de 1998, 1 de junio de 1990, 10 de diciembre de 1990, 13 de
abril de 1991, 12 de junio de 1995, 21 de diciembre de 1995, 19 de septiembre
de 1996).

El peritaje sobre la credibilidad de la declaración de un menor, al
contrastar sus declaraciones con los datos empíricos elaborados por esa
ciencia, puede ayudar al Tribunal a establecer si existen o no elementos que
permitan dudar de su fiabilidad. En este contexto, para el Tribunal Supremo, la
prueba pericial psicológica, practicada con todas las garantías (entre ellas, la
imparcialidad y la fiabilidad derivada de sus conocimientos), rindiendo su
informe ante el Tribunal enjuiciador, en contradicción procesal, y aplicando
dichos conocimientos científicos a verificar el grado de fiabilidad de las
manifestaciones de un menor, conforme a métodos profesionales de reconocido
prestigio en su círculo del saber, se revela como una herramienta de indiscutible
valor para apreciar el testimonio de menores víctimas de un delito de naturaleza
sexual (SSTS nº 715/2003 de 16 de mayo, 224/2005 de 24 de febrero,
1313/2005 de 9 de noviembre, 1031/2006, de 31 de octubre, 175/2008, de 14 de
mayo).
Los informes sobre credibilidad del testimonio, improcedentes en general
cuando se trata de testigos adultos cuya credibilidad sólo ha de valorar el
juzgador, son recomendados en determinados casos de testimonio de menores:
"…la psicología del testimonio en tanto que disciplina científica goza hoy de un
notable desarrollo, merced en gran parte al trabajo de campo realizado en torno
a la experiencia jurisdiccional. Fruto de ese desarrollo cultural es un buen
conocimiento de los diversos riesgos de desviación y consiguiente pérdida de
objetividad que gravan la prueba testifical. Entre los que, en el caso de los niños,
se cuenta muy especialmente su vulnerabilidad a la sugestión, en función de las
circunstancias personales y de entorno, su marcada apertura a influencias
externas recibidas por vía de autoridad o de afectos, y su proclividad a la
reelaboración inducida de los contenidos de memoria, tanto mayor cuanto más
numerosas sean las ocasiones en que se vuelve sobre ellos en conversaciones
o interrogatorios sucesivos. Es así hasta el punto de que en los exámenes
psicológicos a que se les somete, y más si se trata de evaluar la credibilidad de
sus testimonios, juega un papel importantísimo la selección de los criterios de
validez y la acreditación de que su uso ha sido el correcto" (SSTS nº 379/2005,
de 14 de marzo, 604/2005, de 12 de abril y 1579/2003, de 21 de noviembre).
Las conclusiones de estos informes psicológicos de valoración técnica del
testimonio de un menor y de análisis de la realidad de la declaración nunca
pueden alcanzar precisión absoluta. Afirmaciones como la de que el relato es
"muy probablemente creíble", integrarían “la categoría superior de todos los
resultados posibles, ya que no se permite establecer científicamente, como es
natural, una declaración en términos de exactitud matemática, sino tan solo una
evaluación cualitativa ordenada” (vid. STS nº 1769/2001, de 5 de octubre).
En todo caso, es preciso insistir, y subrayar que tales pericias ni dicen, ni
pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones del testigo se ajustan
o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, entre otros elementos, contará
con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo
sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción,
invención o manipulación (STS nº 317/2008, de 27 de mayo, 707/2007, de 19 de
julio, 339/2007, entre otras). La reciente STS nº 517/2008, de 17 de junio
recuerda por ello que la prueba pericial psicológica sobre la credibilidad de los
testimonios “no excluye que la última depuración pertenezca a la función propia
del órgano jurisdiccional”.
Ante supuestos de periciales psicológicas contradictorias sobre valoración
técnica del testimonio, la STS nº 604/2005, de 12 de abril aporta pautas
interesantes: “…el tribunal a quo se ha encontrado con dictámenes psicológicos
enfrentados, por lo que se ha visto obligado a una selección crítica, que razona
explícitamente. Selección que ha consistido sustancialmente en alzaprimar los
dictámenes emitidos por especialistas que han sido traídos al proceso por su
adscripción a la Administración de Justicia o a otros órganos públicos u oficiales
y los dictámenes que presenten una mayor exposición de las técnicas y los
protocolos seguidos.”
La edad del testigo ha de ser uno de los datos a tener en cuenta a la hora
de valorar su credibilidad; pero tal valoración compete al órgano judicial (STS nº
871/1996, de 21 de noviembre). En esta línea, el Tribunal Supremo ha
declarado que el análisis de los testigos menores no integra un problema de
legalidad procesal sino de credibilidad (STS nº 732/1997, de 19 de mayo).
A fin de valorar esta credibilidad, el móvil de resentimiento, enemistad o
interés anterior a los hechos hay que buscarlo no ya en el propio menor sino en
el entorno familiar que puede influir sobre su testimonio. En los casos de
separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia
o/y el ejercicio del derecho de visita, la experiencia judicial lamentablemente
acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o
abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la
decisión de custodia. Por ello, estos casos deben examinarse con suma
atención y cuidado para evitar una posible condena injustificada de quien no
tiene medio alguno de demostrar su inocencia enfrentado como única prueba
acusatoria a las manifestaciones cambiantes de un niño de temprana edad que
puede estar influenciado por su entorno familiar. (vid. SSTS nº 430/1999, de 23
de marzo, nº 990/1995, de 11 de octubre y nº 331/1996, de 11 de abril). En esta
línea, la STS nº 1582/2002, de 30 de septiembre recomienda extremar las
cautelas “si la declaración de la víctima es la única prueba de la existencia
misma del delito y si se produce en el marco de una ruptura sentimental entre
los progenitores, pues no puede descartarse la utilización fraudulenta de los
menores para otros fines distintos de su protección”.
En relación con la credibilidad del testimonio infantil resultan tan
inadmisibles las posturas extremas de quienes piensan que por su inmadurez y
sugestionabilidad siempre se debe dudar de sus relatos, como las de quienes
sostienen que en todo caso deben ser creídos, olvidando los factores de riesgo
que concurren en este tipo de declaraciones, puestos de manifiesto por los
especialistas en psicología del testimonio. Factores de riesgo que se acentúan
en los supuestos de rupturas conflictivas de las parejas de sus progenitores, si
los testimonios se refieren a hechos ocurridos en una edad muy temprana, o
cuando relatan acontecimientos supuestamente ocurridos varios años antes
sobre la base de unos borrosos recuerdos que pueden ser reales, imaginados o
sugeridos. (vid. STS nº 832/2000, de 28 de febrero).
En estos casos de testigo único menor en los que se presenta una
situación límite para el derecho a la presunción de inocencia, es esencial la
valoración expresa de la prueba de cargo en función de los tres parámetros de
contraste señalados por la jurisprudencia (posible concurrencia de factores
relevantes de incredibilidad subjetiva, concurrencia o inexistencia de algún tipo
de corroboración objetiva, aún de carácter periférico y posible existencia de
contradicciones o ambigüedades en las supuestas manifestaciones
acusatorias). Pero como expresa la STS nº 667/2008, de 5 de noviembre, estos
parámetros (ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y
persistencia en la incriminación) son criterios de valoración pero no exigencias.
Debe tenerse también presente que el hecho de que en ocasiones el dato
corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la
imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias
concurrentes. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos:
lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras
personas sobre hechos o datos que sin ser propiamente el hecho delictivo
atañen a algún aspecto fáctico cuya comprobación contribuya a la verosimilitud
del testimonio de la víctima; periciales sobre extremos o aspectos de igual valor
corroborante; etc. (SSTS nº 667/2008, de 5 de noviembre, nº 175/2008, de 14
de mayo).
Es también importante recordar que en ocasiones un menor que
realmente ha sido víctima de abusos sexuales puede presentar síntomas
aparentemente opuestos a las nociones de credibilidad y verosimilitud: secreto,
sentimientos de desamparo, acomodación al abuso, reserva, mimetismo,
depresión y ansiedad, confusión, demora en informar del abuso, descripciones
inarticuladas e incluso retractación.
Tampoco debe perderse de vista, en relación con los delitos contra la
libertad sexual de menores, el denominado "síndrome de acomodación del
abuso sexual infantil". Este síndrome describe que es habitual que el niño se
vea presionado por sus sentimientos de culpa y por el sufrimiento de sus
familiares, y sienta que tiene en su poder la responsabilidad de proteger o dañar
a su familia, lo que puede generar falsas retractaciones.
En relación con las identificaciones, las investigaciones empíricas
aportadas por psicólogos del testimonio indican que por debajo de los seis años
los errores aumentan. Con los niños pequeños especialmente (también con los
adultos) debe neutralizarse la tendencia a producir errores de falso-positivo, que
tiene lugar cuando, por no explicarles correctamente qué se espera de ellos, los
niños se creen obligados a dar siempre una respuesta de identificación, de
forma que, en el caso de no detectar la fotografía del presunto culpable, eligen
la que más se aproxima a su aspecto externo, generando una identificación
errónea.

10.- INDEMNIZACIONES A MENORES VÍCTIMAS
Las Sras./Sres. Fiscales seguirán las sugerencias del Módulo de
referencia para el desarrollo de un Protocolo de actuación en casos de maltrato
infantil aprobado en el pleno del Observatorio de la Infancia de 22 de noviembre
de 2007 que dispone que el Fiscal, en cumplimiento de su función de velar por
la protección procesal de las víctimas, habrá de promover los mecanismos
previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. A tales efectos
promoverá la total indemnización de los daños irrogados al menor, incluidos los
psicológicos. Si al formular el escrito de calificación el menor continúa recibiendo
tratamiento médico o psicológico, el Fiscal fijará las bases para su inclusión en
la sentencia y promoverá durante la ejecución de la misma su precisa
determinación.
Deben en este punto tenerse presentes las indicaciones contenidas en la
Instrucción 8/2005, de 26 de julio, sobre el deber de información en la Tutela y
Protección de las Víctimas en el Proceso Penal.
11.- LA AUDIENCIA DE LOS MENORES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO
El análisis de esta cuestión queda enmarcado por el art. 12 de la
Convención Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre
de 1989 donde se dispone que 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez
del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio ha introducido
cambios sustanciales en la audiencia a los hijos menores en estos
procedimientos.
Conforme con el art. 12 de la Convención de 1989, el apartado segundo
del art. 92 CC dispone ahora que el Juez, cuando deba adoptar cualquier
medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará
por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.
Pero el apartado sexto del mismo precepto establece que en todo caso,
antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar
informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio
cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros
del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor.
Por tanto, la audiencia del menor que tenga suficiente juicio no se
configura ahora como imperativa sino como susceptible de modulación por el
Juez a través del inciso que subordina la decisión a que se estime necesario.
La regla 4ª del art. 770 LEC, no obstante, no modificada, continúa
manteniendo de forma imperativa la audiencia del menor cuando haya cumplido
los doce años de edad.
La aparente antinomia habrá de resolverse haciendo primar el carácter
sustantivo de la norma contenida en el art. 92 CC y en especial, teniendo en
cuenta el argumento cronológico de ser lex posterior. Por tanto, habrá de
entenderse que, siendo inexcusable garantizar el derecho del niño a expresar su
opinión y ser oído, el trámite concreto de audiencia del menor no es imperativo y
que su práctica queda subordinada a que se estime necesario.
Esta flexibilidad se amolda más al principio del interés superior del menor,
proclamado también en el art. 3 de la misma Convención de los Derechos del
Niño y en los arts. 2 y 3.1 de la LOPJM, argumento éste que apoya también la
tesis de resolver la contradicción normativa entre los arts. 770.4 LEC y 92 CC en
favor de este último.
A fortiori, el apartado 5º del art. 777 LEC, también afectado por la reforma
de 2005, de nuevo configura la audiencia de los menores como potestativa, al
declarar que si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará
informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos
y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de
oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o
del propio menor.
La reforma asume las opiniones contrarias a la obligatoriedad de oír al
menor, en todo caso, cuando hubiere cumplido la edad de 12 años, teniendo en
cuenta que en ocasiones no es necesario y ponderando que a veces esta
comparecencia en el Juzgado puede suponer un auténtico trauma. De hecho la
praxis judicial omitía la audiencia del menor en los procesos de separación y
divorcio de mutuo acuerdo.
Ya en el Encuentro de Jueces y Abogados de Familia sobre la incidencia
de la LEC en los procesos matrimoniales celebrado en noviembre de 2003 la
conclusión 18 relativa a la exploración de menores defendía que es preceptivo
en todos los procedimientos dar a los menores la oportunidad de ser oídos
cuando así lo deseen, pero deberá valorar el juzgador en cada supuesto
concreto y según las circunstancias, la obligatoriedad de su asistencia a tal fin.
Habrán de ponderarse en cada caso las circunstancias concurrentes
(existencia o no de contienda entre los progenitores, edad del menor,
singularidades concurrentes en el mismo, especialidades de las medidas
impetradas respecto del menor, etc.) para decidir sobre la necesidad o no de la
audiencia al menor.
Las Sras/Sres. Fiscales solicitarán o no la audiencia valorando los
anteriores parámetros, evitando la utilización de fórmulas estereotipadas o
impresos rutinarios.
En todo caso, estas exploraciones deberán realizarse de forma que el
menor se sienta lo más relajado posible y sólo en presencia del Juez, Secretario
y Ministerio Fiscal. Igualmente cabrá interesar si las circunstancias lo aconsejan
el auxilio de psicólogos o miembros del equipo técnico adscrito al Juzgado. La
audiencia de los menores se debe realizar respetando las condiciones
necesarias de discreción e intimidad, infundiéndoseles confianza, y protegiendo
al máximo su dignidad y personalidad. La regla 4ª párrafo tercero del art. 770
LEC, añadida por la disposición final 1ª de Ley 15/2005 de 8 julio, dispone al
respecto que en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se
garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas
para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y
recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea
necesario.
Como pauta general, se evitará preguntar directamente al menor con qué
progenitor desea convivir o qué régimen de visitas considera más conveniente.
Son preferibles las preguntas indirectas que pongan de relieve con cuál de los

progenitores tienen una relación más intensa, cuál es el que ha asumido la
mayoría de las responsabilidades, y con cuál tiene mejor relación.
Como con acierto expone la SAP Madrid, sec. 22ª, de 5 de febrero de
1999, rec. 51/1998 no se infringe “principio alguno de orden constitucional o
procesal al no permitir la intervención de las partes, y en concreto de sus
direcciones letradas, en el acto de la exploración por el Juzgador a quo del
común descendiente, pues aunque dicha diligencia pueda determinar, en mayor
o menor grado, la convicción judicial y venga además impuesta respecto de los
hijos que superen los doce años (art. 92 CC), no puede olvidarse que no nos
encontramos ante un medio probatorio de carácter formal. Debe recordarse, una
vez más, que nos situamos ante un menor de edad, que no puede verse
inmiscuido, en modo alguno, en un torrente de preguntas y repreguntas,
dirigidas al mismo por los Letrados de las partes presentes en el acto, pues no
se trata de un mero testigo ajeno al proceso, sino directamente afectado por el
mismo y sus consecuencias jurídicas, y al que, en base precisamente a su
superior interés, se le debe aislar de contraproducentes intervenciones que no
sean las de una entrevista personal y exclusiva con el Juez, y en su caso el
Fiscal, en cuanto un medio más de proporcionar al primero datos que pudieran
conformar su final criterio decisorio…”
12.- CONCLUSIONES
12.1. Principios generales
1ª El derecho de todo acusado a un juicio público con todas las garantías
(art. 24.2 CE) encuentra en el derecho de defensa y el principio de contradicción
algunas de sus principales manifestaciones. Ello supone el derecho a un juicio
contradictorio en el que el acusado pueda defenderse de la acusación,

planteando pruebas de descargo y combatiendo las pruebas incriminatorias,
junto a la posibilidad de participar en las diligencias y trámites del proceso, para
así poder ejercitar su derecho a ser oído y a alegar, en su interés, lo que a su
Derecho convenga. Las pautas y orientaciones de esta Circular deben
entenderse siempre desde la salvaguarda de este derecho fundamental del
acusado que incumbe al Ministerio Fiscal a tenor del art. 124 CE.
2ª La características personales y evolutivas de los menores de edad les
hacen especiales vulnerables a la victimización secundaria que puede entrañar
su participación en el proceso penal. Las graves consecuencias físicas,
psicológicas y emocionales que tal participación puede acarrearles les hace
acreedores de un tratamiento específico orientado a su protección y asistencia,
así como a la calidad objetiva del testimonio que han de prestar.
3ª Las Sras/Sres. Fiscales deberán tener presente que las causas que
mayores problemas plantean, en relación con el testigo menor (normalmente
también víctima) son las relativas a abusos y agresiones sexuales. En estas
causas, un juicio erróneo o una investigación archivada prematuramente puede
tener consecuencias extraordinarias no solo para los implicados en el proceso
en curso sino para potenciales víctimas, por lo que es extremadamente
importante que todas las investigaciones de presuntos abusos sexuales sean de
la mayor calidad posible y que se les otorgue prioridad respecto a otras
investigaciones criminales.
4ª Aún partiendo siempre de que el mero hecho de la minoría de edad
hace merecedor al testigo de un tratamiento especial, la intensidad de la
protección puede graduarse, atendiendo a la edad del menor, al dato de si el
mismo es o no víctima del delito, a la naturaleza y gravedad del delito
presuntamente cometido, a si guarda relación de parentesco con el imputado o
acusado, etc.

5ª La idea básica a tener presente como pórtico es la de que las
diligencias que recaigan sobre el menor van a ser generalmente perturbadoras,
cuando no traumáticas para él. Por tanto, deben evitarse en la medida de lo
posible las duplicidades en exploración de médicos, evaluación de psicólogos,
psiquiatras y análogos y en la toma de declaración. Debe tenderse hacia los
diagnósticos, exploraciones o evaluaciones conjuntas.
6ª Las Sras/Sres. Fiscales procurarán evitar la repetición de
declaraciones de menores, salvo en los casos estrictamente necesarios, a fin de
ahorrarles el sufrimiento de volver a relatar y revivir ante personas extrañas un
suceso para ellos traumático. En la fase de juicio oral evitarán suspensiones
reiteradas o largas esperas en los estrados del Juzgado, promoviendo la
inadmisión de preguntas orientadas a poner en tela de juicio la credibilidad de la
declaración del menor cuando la forma de plantearlas no respete la dignidad del
mismo.
7ª Siempre que las circunstancias lo permitan debiera prescindirse de la
declaración policial del menor, especialmente cuando el mismo sea víctima del
delito y fundamentalmente cuando éste sea de naturaleza sexual. Para reducir
al mínimo imprescindible el número de declaraciones puede resultar
conveniente dar pautas a la Policía Judicial, para que en casos en que pueda
ser especialmente perturbador tomar declaración al menor, se prescinda de la
misma y se le traslade al Juzgado de Guardia para preconstituir la prueba.
8ª Las causas con menores implicados, especialmente cuando éstos
sean las víctimas, deben ser objeto de una tramitación especialmente rápida. A
tales efectos, las Sras/Sres. Fiscales, en su función impulsora del proceso
penal, habrán de redoblar sus esfuerzos para remover cualquier obstáculo que
ralentice la tramitación de estos procedimientos.

9ª La Reforma operada en la LECrim por LO 8/2006 en relación con los
testigos no distingue franjas de edades, por lo que sus disposiciones habrán de
entenderse aplicables a cualquier persona menor de 18 años.
10ª En cuanto a la edad que debe tenerse en cuenta para aplicar el plus
protector que estos preceptos incorporan habrá de atenderse no a la edad que
el testigo tenía cuando tomó conocimiento de los hechos respecto de los que ha
de deponer sino a la edad que tiene en el momento de prestar declaración en el
proceso.
12. 2. Fase de instrucción
1ª La obligación específica de la presencia del Fiscal en estas
declaraciones no se funda en la necesidad de asegurar la eficacia de la
investigación, sino se inscribe en el desarrollo de su función de protector de los
derechos fundamentales del menor y de las garantías del acusado y de la
necesidad de procurar la necesaria ponderación de unos y otras.
2ª La presencia del Fiscal en la declaración del menor en fase de
instrucción ha de ser aprovechada para acopiar la necesaria información para
decidir con fundamento acerca de si procede proponerlo como testigo para el
acto del juicio oral o bien prescindir de él y en ese caso acerca de si procede
preconstituir la prueba, citar a testigos de referencia o interesar alguna diligencia
sobre la credibilidad del testimonio. También servirá para calibrar -si procede
citarlo como testigo para el acto del juicio oral- el tipo de cautela a promover
para evitar su doble victimización. Igualmente podrá ser útil para, en su caso,
decantarse por el sobreseimiento.

3ª La presencia de los representantes legales del menor, y, en su caso,
de los guardadores, que sin ser representantes se ocupen del mismo -en
principio recomendable para dar mayor seguridad y confianza al menor- habrá
de exceptuarse además de cuando los representantes o guardadores sean los
propios imputados -pues en tales casos se desnaturalizaría su presencia en el
acto, cuyo sentido es precisamente el de amparar y dar tranquilidad al menor-,
cuando existan conflictos de intereses entre representantes y menor que
justifiquen la exclusión. También podrá ser fundamento de la exclusión la
existencia de indicios que lleven a la fundada creencia de que los progenitores
persiguen que el menor no colabore con la Administración de Justicia.
4ª Facultativamente el párrafo tercero del art. 433 LECrim también prevé
que puedan asistir expertos. Habrá de entenderse por tales personas
cualificadas profesionalmente para orientar sobre el modo más adecuado de
abordar al menor, esto es, psicólogos infantiles, pedagogos o psiquiatras. Las
circunstancias del caso serán las que marcarán la necesidad o conveniencia de
esta asistencia técnica, que se incrementará cuando el menor sea, además de
testigo, víctima, y atendiendo especialmente a su edad, en cuanto normalmente
para los denominados menores maduros no será necesario. También la índole
del delito será determinante para calibrar tal necesidad.
5ª Las Sras/Sres. Fiscales interesarán la grabación de la declaración
como modo específico de documentación siempre que prevean que el menor no
va a poder declarar en el acto del juicio oral o cuando de los datos recabados
pueda ya sostenerse que el grado de victimización secundaria del menor podría
ser especialmente intenso y perjudicial si se le impone la obligación de asistir al
juicio como testigo.

6ª Si con anterioridad a la citación para declarar se ha solicitado la
elaboración de un informe psicológico sobre el menor será muy importante el
interesar que el mismo perito se pronuncie sobre si el testigo puede declarar
sobre los hechos sin riesgo para su equilibrio psicológico y, en caso positivo,
sobre las cautelas que se consideran necesarias o convenientes.
7ª Como regla general, las Sras/Sres. Fiscales no citarán como testigos a
los menores para el acto del juicio oral cuando los expertos consultados
desaconsejen fundadamente tal citación. En estos casos -si no la han hecho yapropondrán
la grabación de su declaración y que la misma se lleve a cabo
respetando los requisitos de contradicción previstos para la preconstitución
probatoria, siempre con las modulaciones que pueda exigir el interés del menor.
Una interpretación teleológica de las causas generales previstas en los arts. 448
y 777 LECrim, tamizada por los principios generales que informan la LO 1/1996,
de Protección Jurídica del Menor, lleva a admitir como presupuesto habilitante
de la preconstitución probatoria el caso de los menores que por razón de su
corta edad o de su especial vulnerabilidad estén en riesgo de sufrir un grave
daño psicológico de verse obligados a comparecer de nuevo como testigos en el
acto del juicio oral. Esta probabilidad de sufrir grave daño psicológico debe estar
debidamente documentada en la causa, a través del correspondiente informe
pericial.
8ª También podrá acudirse a la preconstitución probatoria y
correlativamente habrán de abstenerse las Sras/Sres. Fiscales de citar a juicio
oral a los testigos menores cuando los mismos tengan tan corta edad que
racionalmente pueda concluirse que tras el lapso temporal probable entre la
primera declaración y la fecha del juicio oral, cualquier intento de rememorar los
hechos será inútil.

9ª Aunque con carácter general la preconstitución de la prueba exige
hacer pasar a la diligencia por el tamiz de la contradicción, con el fin de
salvaguardar el derecho del imputado a interrogar a los testigos de cargo, el
inexcusable respeto de esta exigencia admite matizaciones para minimizar el
daño a los testigos menores. Las posibilidades para llegar a un punto de
equilibrio son múltiples (utilización de biombo, empleo de video conferencia,
colocación del menor en un punto desde el que no pueda ser visto por el
imputado, utilización de espejos unidireccionales). Debe en todo caso tenerse
presente que el principio de contradicción no sufrirá siempre que esté presente
en el interrogatorio el Letrado del imputado y se le permita formular preguntas al
testigo menor.
10ª La decisión de preconstituir la prueba testifical de menores de edad
habrá de plantearse especialmente en causas por delitos contra la libertad
sexual cuando la víctima sea menor de catorce años.
11ª La prueba preconstituida relativa a la exploración del menor, debe
ser llevada a la vista del juicio oral como prueba documental, proponiéndolo así
en el escrito de calificación, debiendo igualmente las Sras/Sres. interesar su
lectura, audición o visionado, excluyendo totalmente la práctica de “darla por
reproducida”.
12. 3. Testigos de referencia
1ª En determinados y excepcionales supuestos equivalentes a la
imposibilidad de producción del testimonio, especialmente ante delitos contra la
libertad sexual, cuando la víctima es un menor de muy corta edad, no procederá
ni siquiera la preconstitución probatoria, pudiendo valorarse como prueba de
cargo el testimonio de referencia de los padres o de terceras personas. A tales

efectos, debe tenerse presente que la LECrim prescribe que no podrán ser
obligados a declarar como testigos los incapacitados física o moralmente (art.
417.3º LECrim).
2ª Cuando las Sras/Sres. Fiscales invoquen como de cargo testimonios
de referencia sustitutivos del testimonio directo de un menor, con el fin de
respetar el equilibrio respecto a las garantías de los acusados, y en particular,
su derecho a la contradicción de las pruebas de cargo, lo harán tomando en
consideración los recelos que puede suscitar este medio de prueba, y habrán de
ser particularmente rigurosos, no sólo en la apreciación de las circunstancias
imponderables que justifican la sustitución del testimonio directo por el de
referencia, sino también en la crítica de los referenciales, en la aportación de
elementos de corroboración y en la expresión de las razones por las que, en su
caso, los han considerado dignos de crédito y hábiles para enervar la
presunción de inocencia.
12. 4. Sobreseimiento por falta de prueba
1ª La articulación de la prueba de cargo de determinados delitos que se
perpetran en la intimidad y sobre menores de edad presenta particulares
dificultades, máxime si se trata de niños de corta edad y de hechos que se
denuncian en situación de crisis familiar. La importancia de la averiguación y
castigo de tales hechos para las víctimas y para el interés general no puede
sobreponerse a la realidad de tales dificultades y mucho menos, al sistema de
garantías que constituyen el proceso penal, ni a las exigencias del derecho a la
presunción de inocencia.

2ª En muchos casos, tras la imprescindible ponderación de los intereses
en conflicto -garantías y derechos procesales del acusado, necesidad de
protección de las víctimas y testigos menores de edad e interés público en la
persecución de los delitos- y tras una adecuada valoración de la entidad de los
elementos incriminatorios que pueden presentarse ante el Juzgador penal, las
Sras/Sres. Fiscales habrán de optar por interesar el sobreseimiento provisional
de las actuaciones.
12. 5. Garantías en el acto del juicio
1º Una interpretación sistemática de los arts. 707 y 731 bis LECrim lleva
a la conclusión de que cuando el testigo es menor debe automáticamente -ope
legis-, entenderse que su comparecencia resulta gravosa o perjudicial y que por
tanto, puede acudirse al uso de la videoconferencia.
2º La utilización de mamparas o medios análogos tiene una menor
capacidad como mecanismo neutralizador de efectos de victimización
secundaria, pues no evita la presencia del menor en la sala de vistas y su
cercanía al acusado, aunque para determinados supuestos no necesitados de
niveles de protección cualificados podrá ser suficiente. La utilización de las
mamparas habrá de realizarse tratando por un lado de impedir el contacto visual
entre menor y acusado y al mismo tiempo permitiendo que el menor siga
teniendo contacto visual con la persona o persona que le acompañen para
prestarle apoyo, y sea visto por el Tribunal, el Ministerio Fiscal y los Letrados de
las partes.
3º Debe también tenerse presente que el Tribunal Supremo ha admitido
el uso de otras cautelas, de forma que puede el Tribunal adoptar las medidas de

tutela que estime más adecuadas, entre las que cita expresamente:
“acompañamiento por un familiar, limitaciones a la publicidad, suspensión
temporal del juicio, declaración como testigo oculto para los acusados o sin
confrontación visual directa con los mismos”
12. 6. Otros mecanismos protectores del testigo menor
1ª En los casos de riesgo grave para la integridad física, psicológica o
moral del menor testigo, serán aplicables también los mecanismos de protección
previstos en la LO 19/1994, de 23 de diciembre de Protección a Testigos y
Peritos en causas criminales. Las Sras/Sres Fiscales desplegarán sus deberes
de protección de la vida privada y la intimidad y dignidad de conformidad con la
Ley 35 /1995 de 11 de diciembre de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de
Delitos Violentos y contra la libertad Sexual.
2ª Las Sras/Sres Fiscales velarán también por el riguroso cumplimiento
de la previsión del art. 109 in fine LECrim en el que se dispone que en los
procesos que se sigan por delitos comprendidos en el art. 57 del CP, el Juez
asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan
afectar a su seguridad.
12. 7. Pautas generales sobre interrogatorios a menores
1ª Deberán las Sras/Sres. Fiscales paliar tanto los retrasos en la citación
para tomar declaración al menor en fase de instrucción, como las dilaciones en
los señalamientos de juicio. Igualmente -en la medida de sus posibilidadeshabrán
de promover que los juicios en los que tenga que intervenir un testigo
menor sean los primeros en el orden de señalamientos. Aunque los

señalamientos obviamente no son competencia del Fiscal, las Sras/Sres.
Fiscales en sus escritos de calificación y por medio de Otrosí, podrán interesar
tales prevenciones.
2ª Cuando el testigo menor es víctima y se encuentra además en una
situación de desprotección (v.gr. cuando ha sido objeto de malos tratos por sus
progenitores) es esencial que la actuación de la Justicia penal y de las
Entidades Públicas de Protección de Menores esté coordinada, y a los efectos
de tal coordinación los Sres. Fiscales en tanto en cuanto son parte necesaria en
el proceso penal y son superiores vigilantes de la actuación de las Entidades de
Protección, habrán de desplegar toda su diligencia para evitar contradicciones o
disfunciones.
3ª En sus interrogatorios, deberán las Sras/Sres. Fiscales realizar los
necesarios esfuerzos por modificar el lenguaje jurídico utilizando una
terminología adecuada al nivel de desarrollo del niño.
4ª La psicología del testimonio ha puesto de manifiesto que los testigos
cometen mas errores cuando las preguntas son cerradas que cuando las
preguntas son abiertas, de modo que se les permita el recuerdo libre, eligiendo
sus propios detalles. El recuerdo libre incrementa la exactitud, por lo que es
preferible iniciar el interrogatorio de manera que sea el propio testigo menor
quien cuente lo que ha visto y percibido, para a continuación -y sólo a
continuación- pasar a hacerle preguntas sobre puntos que puedan permanecer
oscuros o sobre otros detalles adicionales sobre los que se precise información,
advirtiendo al menor que conteste sólo sobre lo que recuerde. Debe prima facie
utilizarse la forma narrativa y a posteriori, progresivamente, preguntas cada vez
más estructuradas.

5ª Las preguntas nunca han de contener aditivos sugestivos, ni revelar la
opinión o toma de postura del interrogador. Debe ponderarse cada caso pero en
ocasiones es preferible contentarse con respuestas lacónicas y declaraciones
fragmentarias, pues si se obliga al niño a detallarla y completarla, se
incrementará el riesgo de que éste incorpore a su declaración elementos
irreales.
6º Las Sras/Sres. Fiscales procurarán que se inadmitan las preguntas
que intenten menoscabar la solidez del testimonio del menor o su eficacia
probatoria empleando medios, modos, o formas poco respetuosos con la
dignidad del mismo.
12. 8. Valoración del testigo menor de edad
1ª La prueba pericial psicológica, practicada con todas las garantías
rindiendo su informe ante el Tribunal enjuiciador, en contradicción procesal, y
aplicando los conocimientos científicos a las condiciones del testigo y al grado
de fiabilidad de sus manifestaciones, conforme a métodos profesionales, no
vincula al Juzgador ni puede sustituir su función valorativa, pero sí puede ser
una herramienta útil para apreciar el testimonio de menores de corta edad, en
especial cuando son víctimas de un delito de naturaleza sexual.
2ª La presencia de esta pericia no dispensa al Tribunal de la función de
valoración que le corresponde en exclusiva.
3ª En los casos en los que deba valorarse el contenido de una grabación
de audio/video, es imprescindible que se proceda a la audición y/o visionado.
12. 9. Responsabilidad civil
1º Las Sras/Sres. Fiscales en cumplimiento de la función de velar por la
protección procesal de las víctimas, habrán de promover los mecanismos
previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. A tales efectos
promoverán la total indemnización de los daños irrogados al menor, incluidos los
psicológicos. Si al formular el escrito de calificación el menor continúa recibiendo
tratamiento médico o psicológico, el Fiscal fijará las bases para su inclusión en
la sentencia y promoverá durante la ejecución de la misma su precisa
determinación.
12. 10. Audiencia de los menores en los procedimientos de nulidad,
separación y divorcio
1ª La aparente contradicción entre el apartado segundo del art. 92 CC,
modificado por Ley 15/2005, de 8 de julio y la regla 4ª del art. 770 LEC en
relación con la audiencia del menor en punto al régimen de guardia y custodia
en procesos de nulidad, separación y divorcio, ha de resolverse primando el
carácter sustantivo del CC y acudiendo a la condición de lex posterior de la
norma contenida en su actual art. 92. Por ello habrá de entenderse que la
audiencia del menor no es imperativa y que su práctica queda subordinada a
que se estime necesaria, en función del superior interés del menor.
2ª En todo caso, la exploración del menor deberá realizarse de forma que
el menor se sienta lo más tranquilo posible y sólo en presencia del Juez,
Secretario y Ministerio Fiscal, aunque quepa interesar el auxilio de psicólogos o
miembros del equipo técnico adscrito al Juzgado, cuando las circunstancias lo
aconsejen.

3ª Las Sras/Sres Fiscales velarán porque estas audiencias transcurran
con el máximo respeto a la intimidad, dignidad y personalidad del menor
afectado, evitando las preguntas directas sobre con cuál de sus progenitores
desea convivir o el régimen de visitas que considera más conveniente, y
optando por preguntas indirectas que revelen con cuál de los progenitores tiene
una relación más intensa, quién de los dos ha asumido la mayoría de los
progenitores, con quién mantiene una mejor relación, o cualquier otro extremo
relevante para la decisión.
Madrid, 10 de noviembre de 2009
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
EXCMOS. E ILMOS SRES. FISCALES SUPERIORES Y FISCALES JEFES
PROVINCIALES.

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